La Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro aprobó este lunes por unanimidad un proyecto que establece el marco regulatorio integral para la promoción, incentivo, fiscalización e inserción laboral efectiva de las personas con discapacidad en el ámbito del sector privado.
También avanzaron, con respaldo de todos los bloques, otras tres iniciativas. Una de ellas instituye el Día Provincial de la adopción responsable de animales de compañía; otro crea la Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio, mientras que el restante establece el Protocolo Provincial de Activación de la Alerta Sofía.
Por su parte, una propuesta de Gabriela Picotti referida al Control Oftalmológico Obligatorio en la primera infancia continuará en comisión para ser analizado más a fondo.
Finalmente, fueron rechazados dos proyectos. El primero de ellos prohíbe designaciones de personal que tenga algún grado de parentesco con funcionarios del Poder Ejecutivo o legisladores. Tampoco tuvo acompañamiento la iniciativa destinada a regular el ejercicio de la profesión de Técnico en Prótesis Dental.
Primer empleo para personas con discapacidad
La iniciativa de Roberta Scavo (ARI-Cambiemos), impulsada a partir del trabajo que desde hace años desarrollan mujeres de la comarca Viedma-Patagones junto a distintas instituciones y con aportes del Poder Ejecutivo, apunta a derribar una de las principales barreras que enfrenta este colectivo: la dificultad para acceder a una primera oportunidad laboral.
El proyecto propone otorgar a las empresas un crédito fiscal equivalente al 50% de las cargas patronales por cada persona con discapacidad que incorporen, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se garantice un proceso de inclusión laboral adecuado.
Durante el tratamiento, se destacó que el beneficio busca combatir los prejuicios que muchas veces dificultan las contrataciones, incentivando a las empresas a generar puestos de trabajo acordes a las capacidades de cada persona.
Finalmente, desde la comisión se informó que el expediente cuenta con dictamen favorable del Poder Ejecutivo, tras un trabajo conjunto de análisis, y se solicitó a los legisladores el acompañamiento.
Día Provincial de la Adopción Responsable de Animales de Compañía
La iniciativa, impulsada por la legisladora Ofelia Stupenengo (PRO-Unión Republicana) y acompañada por Juan Martín, María Laura Frei y Juan Murillo Ongaro, establece que la fecha conmemore el natalicio de Ignacio Lucas Albarracín, reconocido como uno de los principales impulsores de la protección animal en Argentina y promotor de la histórica Ley Nacional de Protección Animal.
El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo provincial, a través de los organismos competentes, lleve adelante campañas de concientización, educación y sensibilización para fomentar la adopción responsable, prevenir el abandono y el maltrato de perros y gatos, y promover el cuidado integral de los animales de compañía.
Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio
La propuesta lleva las firmas de Lorena Matzen, Ariel Bernatene, Fabián Zgaib, Elba Yolanda Mansilla, Roberta Scavo, Daniela Agostino, María Laura Frei, Ofelia Stupenengo, María Celia Cévoli, Aime Kircher Castañares, Pedro Cristian Dantas, Carlos Alfredo Valeri y Silvia Beatriz Morales.
El objetivo es garantizar una atención interdisciplinaria, mejorar la calidad de vida de las mujeres que atraviesan esta etapa y fortalecer las políticas públicas de prevención y tratamiento.
La iniciativa propone articular el trabajo de hospitales públicos, centros de salud y, mediante convenios, instituciones privadas, para brindar cobertura en diagnósticos, tratamientos, terapia hormonal cuando corresponda, atención psicológica, nutricional y de otras especialidades, además de campañas de prevención y promoción de hábitos saludables. También prevé la participación del IPROSS para garantizar la cobertura de las prestaciones contempladas en la norma.
El proyecto también establece la creación del Día Provincial de la Menopausia, que se conmemorará cada 18 de octubre, en coincidencia con la fecha reconocida internacionalmente, con el propósito de impulsar campañas de concientización, prevención e información sobre el climaterio y la menopausia.
Alerta Sofía
La ley, impulsada por el legislador Juan Martín (PRO-Unión Republicana) y acompañada por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo, establece que toda denuncia por la desaparición de un menor deberá ser recibida de manera inmediata, sin exigir un tiempo mínimo de espera, y que las autoridades deberán evaluar la activación de la Alerta Sofía dentro de las tres horas posteriores a la denuncia, o de forma inmediata cuando exista riesgo inminente para la integridad del menor.
El proyecto prevé la difusión masiva de la alerta a través de redes sociales, mensajes a teléfonos celulares, aplicaciones, medios de comunicación, cartelería electrónica en rutas, terminales de transporte y otros canales tecnológicos, además de la conformación de equipos especializados de búsqueda y una Mesa Provincial de Coordinación para mejorar la respuesta ante este tipo de situaciones.
En los fundamentos, los autores sostienen que las primeras horas tras la desaparición de un menor son determinantes para lograr su localización con vida y consideran necesario institucionalizar un protocolo provincial que complemente el sistema nacional, teniendo en cuenta las características geográficas y la extensa superficie de Río Negro.
Controles oftalmológicos en la primera infancia
Un proyecto de ley presentado por Gabriela Picotti, que busca establecer un marco legal para garantizar controles oftalmológicos obligatorios durante la primera infancia, continuará en comisión para ser analizado más en profundidad y realizarle nuevos aportes. Su objetivo es detectar de manera temprana patologías que pueden afectar el desarrollo visual de los niños e incluso poner en riesgo su vida.
Durante la defensa de la iniciativa, Picotti explicó que la propuesta toma como referencia las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales especializadas en salud visual y fija cuáles son los estudios que deben realizarse desde el nacimiento hasta los cinco años de edad, etapa considerada clave para el desarrollo del sistema visual.
Según se detalló, la población alcanzada representa aproximadamente el 8,2% de los habitantes, por lo que la iniciativa apunta a asegurar el acceso a controles periódicos desde los primeros días de vida.
El proyecto contempla evaluaciones acordes a cada etapa del crecimiento, comenzando con el examen del reflejo rojo o fondo de ojo en recién nacidos y avanzando hacia un examen oftalmológico completo antes de los cinco años.
Los controles permitirían detectar de forma precoz diversas afecciones, entre ellas alteraciones refractivas, inflamaciones, obstrucciones de las vías lagrimales, cataratas congénitas e incluso tumores o enfermedades de mayor gravedad que, diagnosticadas a tiempo, pueden mejorar significativamente el pronóstico e incluso salvar la vida del niño.
Ibarrolaza defendió su proyecto, pero no le alcanzó
El legislador Santiago Ibarrolaza defendió en comisión un proyecto de ley que propone modificar la Ley N° 3.550 para impedir la designación de familiares de funcionarios en la administración pública provincial, con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar que el ingreso al Estado se base en el mérito y la idoneidad.
Durante su exposición, sostuvo que la iniciativa apunta a dar un debate de fondo sobre la forma en que se accede al empleo público y aclaró que la propuesta “no mira para atrás” ni busca responsabilizar a dirigentes o partidos políticos, sino establecer reglas claras hacia el futuro.
“Creemos que la política y el Estado deben conformarse con los mejores. El acceso al empleo público no tiene que ser una herencia de sangre o de parentesco, sino una herencia de formación”, afirmó.
El legislador explicó que el proyecto pretende subsanar una omisión de la Ley 3.550, que fija requisitos de idoneidad y probidad para el acceso a la función pública, pero no prohíbe expresamente las designaciones de familiares.
La iniciativa establece que no podrán efectuarse nombramientos de personas con parentesco en línea recta o colateral hasta el segundo grado respecto de los funcionarios alcanzados por la norma. No obstante, prevé excepciones para quienes hayan ingresado mediante concurso público o ya cuenten con estabilidad laboral al momento de la eventual sanción de la ley.
Ibarrolaza sostuvo que avanzar con esta modificación permitiría fortalecer la legitimidad de la política frente a la sociedad y responder a una demanda recurrente de mayor transparencia en el Estado.
“Muchas veces la comunidad cree que al Estado entran los parientes o los amigos de alguien, y no los mejores. Con este proyecto buscamos que el ingreso se fundamente en la capacidad y la formación de las personas”, concluyó.
Inmediatamente, Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) rechazó el proyecto y cuestionó una supuesta contradicción de su impulsor. Para fundamentar su posición, mencionó como ejemplo recientes designaciones realizadas por el Gobierno nacional, señalando que, si ese mismo espacio político las respalda, no debería impulsar una prohibición de esas características en la provincia.
“Si no lo hacemos en la Nación y pertenecemos a la misma línea política, no deberíamos estar tratando esta circunstancia en la Legislatura”, expresó.
El legislador cerró su intervención con una crítica a lo que consideró una doble vara al resumir su postura con la frase: “Hacé lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago”.
Ayelén Spósito (Vamos con Todos) también lo rechazó y sostuvo que la conformación de los equipos de gobierno debe basarse en la capacidad y la confianza política, sin excluir a una persona únicamente por su vínculo de parentesco.
A su criterio, se trata de un proyecto con un fuerte contenido simbólico, orientado más a generar un impacto político que a resolver un problema de fondo.
“Porque alguien sea mi hermano o mi primo y tenga la capacidad para desempeñar esa función, no debería quedar excluido solamente por ese vínculo familiar”, sostuvo durante su intervención.
Otro proyecto que quedó en el camino
El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) fundamentó el proyecto de ley que busca regular la actividad de los técnicos en prótesis dental en Río Negro y aseguró que la iniciativa permitirá cubrir un importante vacío legal que afecta tanto a los profesionales como al sistema de salud. Sin embargo, su idea no fue aprobada por la mayoría.
“Es un tema muy importante porque hay un vacío legal en la provincia de Río Negro”, afirmó Delgado Sempé, al destacar que actualmente los técnicos en prótesis dental no cuentan con una ley específica que regule de manera integral su actividad.
El legislador explicó que la iniciativa establece las incumbencias de estos profesionales, define las tareas que pueden desarrollar, fija sus limitaciones, regula la habilitación para el ejercicio de la profesión y el funcionamiento de los laboratorios, otorgando un marco normativo claro para una actividad que calificó como “fundamental para la odontología”.
Asimismo, señaló que los técnicos en prótesis dental cumplen un rol de auxiliares de los odontólogos y que, entre sus funciones, se encuentra la elaboración de todo tipo de aparatología protética dental, ya sea removible completa o parcial, siempre por requerimiento e indicación del profesional odontólogo.
Para Delgado Sempé, la norma permitiría brindar mayor seguridad jurídica al sector, ordenar el ejercicio profesional y responder a una demanda que los trabajadores vienen planteando desde hace años.
Marcela Escudero (JSRN) cuestionó que exista ese vacío legal y sostuvo que la profesión ya cuenta con un marco normativo vigente tanto a nivel nacional como provincial.
En su intervención, Escudero expresó su sorpresa por la iniciativa y afirmó que la actividad de los técnicos dentales, mecánicos dentales o laboratoristas dentales ya se encuentra regulada por la Ley Nacional 17.132 y su decreto reglamentario 6.216/1967, además de la normativa provincial aplicable.
Con estos argumentos, la legisladora sostuvo que la actividad ya dispone de un marco regulatorio y puso en duda que sea necesaria una nueva ley para ordenar el ejercicio profesional en la provincia.
Delgado Sempé respondió a esas críticas e indicó que no desconoce la legislación vigente, sino que propone un marco normativo específico y actualizado para la profesión.