Baños de la Feria: Algañarás denunció una cadena de irregularidades y pidió investigar un posible perjuicio al Municipio
La polémica por los nuevos baños de la Feria Municipal de Viedma avanzó ahora hacia una instancia formal. El concejal Julián Algañarás presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue las presuntas irregularidades contenidas en el expediente mediante el cual la Municipalidad contrató a Módulos Patagónicos S.A.S.
La presentación se produjo después de que Noticias Río Negro revelara que Giselle Rosas, vocal primera del organismo de control, confirmó en FM DE LA COSTA que la empresa pertenece a Nicolás Bambaci, hermano de la esposa del intendente Marcos Castro, y que el domicilio legal declarado por la firma coincide con una dirección vinculada al jefe comunal.
Como informó este medio este sábado, Rosas aseguró que esos datos fueron corroborados mediante registros oficiales y anticipó que el Tribunal deberá analizar si la contratación se encuentra alcanzada por las incompatibilidades previstas en la normativa de Ética Pública.
La denuncia presentada por Algañarás amplió los cuestionamientos y pidió que el organismo requiera el expediente completo, instruya un sumario y determine si corresponde iniciar un juicio administrativo de responsabilidad contra los funcionarios intervinientes, ante la posible existencia de un perjuicio económico para la hacienda municipal.
“No estamos frente a un simple error administrativo. Hay demasiadas irregularidades encadenadas en una misma contratación. Por eso pedimos que el Tribunal investigue si se cuidaron los recursos municipales o si existió un direccionamiento para beneficiar a una empresa vinculada al entorno del intendente”, sostuvo el edil.
El vínculo familiar y un domicilio coincidente
Uno de los ejes principales de la denuncia es la composición de Módulos Patagónicos S.A.S. y su relación con el entorno familiar de Castro.
La presentación señala que uno de los socios de la firma es Nicolás Bambaci, cuñado del jefe comunal. También sostiene que el domicilio legal de la sociedad que surge del Registro Nacional de Sociedades, ubicado en Tucumán 921 de Viedma, coincide con una dirección vinculada al intendente en el padrón electoral y en informes comerciales.
Para Algañarás, esa combinación de elementos obliga a profundizar la investigación para determinar si existió un direccionamiento de la contratación o algún beneficio indirecto relacionado con el entorno del mandatario.
El concejal fue incluso más allá y planteó que debe descartarse “en el peor de los casos” que el propio intendente pudiera estar contratando con el Municipio mediante la intervención de una tercera persona.
Se trata, por el momento, de una hipótesis formulada dentro de la denuncia y no de una irregularidad probada. Será el Tribunal de Cuentas el que deberá analizar la documentación, establecer las responsabilidades y determinar si existió una incompatibilidad o un conflicto de intereses.
Una obra destinada a El Cóndor que terminó en la Feria
El expediente fue iniciado el 5 de diciembre de 2025 para construir e instalar un baño modular en la calle 120 del balneario El Cóndor. El pliego se aprobó el 2 de enero de 2026, ese mismo día se cursaron las invitaciones a los oferentes y el concurso se abrió el 9 de enero.
Sin embargo, la adjudicación y la aprobación del contrato se concretaron recién el 30 de enero, mientras que la empresa comenzó a construir el módulo el 10 de marzo, cuando la temporada de verano estaba prácticamente finalizada.
La denuncia sostiene que, por los propios plazos administrativos, el Municipio difícilmente podía alcanzar el objetivo original de instalar los sanitarios en El Cóndor durante la temporada estival.
Posteriormente, la finalización de esa temporada fue utilizada como argumento para cambiar el destino de la obra y colocarla en la Feria Municipal de Viedma.
Algañarás pidió determinar si existió una planificación deficiente, una alteración injustificada del objeto contractual o la utilización irregular de un procedimiento iniciado para cumplir una finalidad diferente.
Rosas ya había cuestionado públicamente ese punto. La vocal del Tribunal de Cuentas consideró que el cambio de ubicación requería anular el procedimiento original e iniciar un nuevo expediente con su correspondiente contratación.
Dos ofertas separadas por apenas $31.842
En el concurso se presentaron dos propuestas admisibles. Módulos Patagónicos S.A.S. cotizó la obra en $45.312.000, mientras que Bero S.R.L. ofreció realizarla por $45.343.842,94.
La diferencia fue de solamente $31.842,94.
Según la denuncia, frente a una paridad tan estrecha correspondía aplicar el mecanismo previsto por la Ley de Obras Públicas y convocar a una mejora de precios o, alternativamente, evaluar la capacidad técnica y financiera de cada oferente.
No obstante, la Comisión de Preadjudicación recomendó contratar directamente a Módulos Patagónicos bajo el argumento de la celeridad administrativa.
Algañarás remarcó que la empresa de Bambaci había presentado su propuesta sin toda la documentación exigida y recibió un plazo de 48 horas para completarla. Pese a esa posibilidad concedida para subsanar las omisiones, no se otorgaron 24 horas a las empresas para que mejoraran sus precios.
Contaduría aconsejó mejorar las ofertas, pero fue ignorada
La presentación destaca que la propia Contaduría Municipal advirtió sobre la conveniencia de convocar a una mejora de precios.
A través de la Nota Nº 26/2026, incorporada en la foja 332 del expediente, el área señaló que resultaba viable gestionar una mejora de oferta dentro de un plazo breve —“por ejemplo, 24 horas”—, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Nº 286.
El dictamen explicaba que ese mecanismo permitía garantizar la igualdad de tratamiento y condiciones entre los participantes, además de aportar mayor transparencia al procedimiento.
Pese a esa advertencia, el secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Obras Públicas, Martín Calderón, aprobó el contrato Nº 013/26 con Módulos Patagónicos S.A.S.
“Contaduría les marcó el camino legal para transparentar el procedimiento y mejorar el precio. Lo ignoraron y siguieron adelante. Esa es una de las irregularidades más graves del expediente”, afirmó Algañarás.
La adjudicación superó casi un 18% el presupuesto oficial
El presupuesto oficial había sido fijado en $38.426.960,28, pero la oferta finalmente seleccionada ascendió a $45.312.000.
La diferencia fue de $6.885.039,72, equivalente a aproximadamente un 17,9% por encima del monto calculado inicialmente por el Municipio.
Para el concejal, ese incremento hacía todavía más necesaria una mejora de ofertas, teniendo en cuenta que las dos propuestas económicas presentadas por las empresas eran prácticamente idénticas.
Los adicionales y la ventaja económica que se diluyó
Luego de recibir la adjudicación, Módulos Patagónicos presentó modificaciones y trabajos adicionales.
De acuerdo con la denuncia, inicialmente se incorporaron cambios por $199.216 y posteriormente otros elementos elevaron ese adicional a un total de $664.216.
Algañarás sostuvo que esos nuevos costos terminaron desvirtuando la mínima ventaja económica con la cual la empresa había ganado el concurso.
“La empresa ganó por una diferencia mínima y después aparecieron adicionales. Eso obliga a investigar si la oferta inicial fue realmente completa o si se utilizó el mecanismo de adicionales para recomponer el precio una vez obtenida la adjudicación”, manifestó.
Demolieron los baños existentes sin estudios suficientes
Para colocar el nuevo módulo en la Feria Municipal, la comuna demolió los sanitarios tradicionales que ya se encontraban construidos en el predio.
La denuncia remarca que se trataba de un bien perteneciente al patrimonio municipal, equipado con inodoros, mingitorios, lavamanos y griferías.
Sin embargo, Algañarás afirmó que en el expediente no encontró informes técnicos suficientes que acreditaran el estado estructural del inmueble, los eventuales riesgos sanitarios o edilicios ni una comparación económica entre reparar las instalaciones existentes y demolerlas para colocar el módulo nuevo.
Castro había sostenido públicamente que reparar o mejorar los antiguos sanitarios resultaba “antieconómico”, pero el concejal aseguró que no encontró dentro del expediente un estudio que respaldara esa conclusión.
Contradicciones en las explicaciones oficiales
La presentación también pone bajo la lupa las explicaciones brindadas por Calderón.
Según recordó Algañarás, el secretario declaró en una entrevista que no existía constancia sobre el estado edilicio de los baños, que se desconocía cómo estaban fundados y que tampoco podía determinarse si se encontraban socavados o afectados por pérdidas cloacales.
No obstante, dentro del expediente se habría señalado que la posibilidad de conectarse a la red cloacal existente representaba una ventaja, debido a que podían aprovecharse las instalaciones sanitarias disponibles en el lugar.
Para el edil, existe una contradicción: por un lado, la demolición se justificó mediante supuestos problemas estructurales y cloacales que no habrían sido acreditados técnicamente; por otro, la existencia de esas mismas instalaciones fue considerada una ventaja económica para colocar allí el módulo.
Algañarás sostuvo que la eliminación de la construcción tradicional podría haber ocasionado un perjuicio económico al Municipio por la pérdida de un bien que integraba su patrimonio.
Un depósito de $2,4 millones
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la aprobación de un adicional de $2.400.000 para construir un depósito destinado a guardar artículos de limpieza.
De acuerdo con la presentación, la estructura mide apenas 2,43 metros de largo por 60 centímetros de profundidad y fue realizada con una estructura metálica revestida con chapa gris.
En la foja 393, el Municipio habría solicitado la cotización del trabajo y, en la 396, la contratista informó el valor de $2.400.000. Sin embargo, según el concejal, en la página siguiente aparece aprobado el adicional sin que se encuentre incorporado el presupuesto que la empresa había anunciado.
Para Algañarás, las reducidas dimensiones del depósito, el monto involucrado y la ausencia de esa documentación justifican una auditoría técnica y contable para determinar si existió un sobreprecio.
Falta de cartel y dudas sobre una factura
La denuncia agrega que el cartel de obra estaba incluido dentro del presupuesto, pero no habría sido colocado en el lugar.
El concejal consideró que esa omisión dificultó el control ciudadano y redujo la publicidad de una contratación que, por sus características y el vínculo familiar señalado, requería una mayor transparencia.
También formuló observaciones sobre la factura correspondiente al anticipo financiero del 30% de la obra, por un valor de $13.593.600.
Al compulsar el expediente, Algañarás advirtió que el comprobante no estaría incorporado como una foja original debidamente numerada, sino como la reproducción o fotocopia de una supuesta foja.
Por ese motivo, pidió que se investigue si existió una sustitución, adulteración o incorporación irregular de documentación al expediente.
El Tribunal deberá establecer si hubo direccionamiento
Al finalizar su presentación, el concejal sostuvo que los elementos denunciados no pueden analizarse como hechos aislados.
Al vínculo familiar y la coincidencia del domicilio se suman la falta de una mejora de ofertas, el apartamiento del criterio expresado por Contaduría, una adjudicación superior al presupuesto oficial, los adicionales posteriores, el cambio de destino de la obra, la demolición de bienes municipales sin suficiente respaldo técnico, el costo del pequeño depósito y la ausencia del cartel.
Para Algañarás, esa sucesión de decisiones constituye un conjunto de indicios que debe ser investigado para determinar si existió un direccionamiento de la contratación, un beneficio directo o indirecto para una empresa vinculada al entorno del intendente y un perjuicio económico actual o potencial para la Municipalidad.
Ahora será el Tribunal de Cuentas el que deberá requerir y examinar el expediente, evaluar la denuncia y decidir si corresponde instruir un sumario o iniciar un juicio administrativo de responsabilidad contra los funcionarios que participaron del procedimiento.