Suspendieron al intendente de Allen tras la imputación por presunto peculado y administración fraudulenta
El Concejo Deliberante de Allen resolvió suspender de manera transitoria al intendente Marcelo Román, tras la formulación de cargos en la causa judicial que lo investiga por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La decisión fue adoptada este miércoles en una sesión extraordinaria, con seis votos a favor y tres en contra.
La medida establece que, mientras permanezca apartado de sus funciones, el Ejecutivo municipal será conducido por Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante. Además, la ordenanza dispone que Román dejará de percibir su salario durante el período de suspensión.
La resolución se tomó luego de que la jueza Natalia González tuviera por formulados los cargos contra Román y contra el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como partícipe necesario en la investigación.
La investigación
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y gira en torno a la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el dispositivo fue adquirido por el municipio y la línea telefónica continuó siendo abonada con recursos públicos, aunque el aparato habría quedado en poder de Sebastián Ocampo, quien no integraba la estructura municipal.
En la audiencia realizada el 18 de junio, la magistrada rechazó además un planteo de las defensas para excluir el testimonio de la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morel, y fijó un plazo de dos meses para continuar con la investigación penal y la incorporación de nuevas pruebas.
El debate en el Concejo
La suspensión fue impulsada mediante un proyecto firmado por cinco concejales, respaldado por un dictamen jurídico que interpretó la aplicación del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal.
Quienes acompañaron la iniciativa sostuvieron que se trata de una medida preventiva destinada a garantizar el normal desarrollo de la investigación judicial y evitar posibles interferencias mientras restan producir pruebas y recibir testimonios.
En cambio, los concejales que votaron en contra cuestionaron la interpretación de la Carta Orgánica y consideraron que no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para apartar al jefe comunal de sus funciones.