(AUDIO) Fullone impulsa un régimen legal para destrabar obras públicas paralizadas y "limpiar" las rutas de Río Negro

El senador nacional por la Libertad Avanza, Enzo Fullone, presentó un proyecto de ley clave destinado a resolver la parálisis de la infraestructura en el país. La iniciativa busca crear un régimen de regularización para la obra pública que permita al Estado Nacional cerrar contratos que llevan años estancados y que hoy representan un obstáculo legal y físico para el desarrollo vial.

El foco en contratos con más de tres años de parálisis

El punto central de la propuesta de Fullone es la regularización de aquellos contratos que presentan una antigüedad de más de tres años de paralización, neutralización o frenado. El senador enfatizó en FM DE LA COSTA (www.fmdelacosta999.com.ar) que estos no son proyectos iniciados por la gestión actual, sino que forman parte de una "herencia" de problemas contractuales complejos que el Estado arrastra, en algunos casos, desde hace más de una década. Según detalló, existen más de 600 contratos en todo el país en esta situación crítica.

Prioridad para Río Negro: Rutas 22, 23 y 151

Para la provincia de Río Negro, el proyecto tiene una relevancia directa sobre ejes fundamentales para la economía y la seguridad: las rutas nacionales 22, 23 y 151. Fullone, quien fue jefe del distrito rionegrino de Vialidad Nacional, explicó que estas trazas sufren problemas contractuales "muy complejos" que impiden avanzar, ya sea mediante nuevas inversiones, concesiones privadas o mantenimiento provincial. "Es necesario cerrar esos contratos para poder avanzar... es como el alquiler de una casa: si tenés a alguien adentro, no se la podés alquilar a otra persona", graficó el legislador.

Herramientas para el Ejecutivo y evitar juicios

La ley busca otorgar al Poder Ejecutivo las herramientas administrativas necesarias para alcanzar puntos de encuentro con las empresas privadas. Muchos de estos contratos quedaron truncos por falta de trámites obsoletos, como recepciones de obra nunca emitidas o inspecciones que ya no pueden realizarse tras 10 años de abandono. El objetivo final es alcanzar acuerdos de "común acuerdo" que liberen al Estado de posibles demandas judiciales y permitan "limpiar las trazas" para que la infraestructura vuelva a estar operativa para los ciudadanos.