Buscan prohibir las llamadas con número oculto para prevenir estafas y delitos

El bloque CC ARI Cambiemos presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno Nacional y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que dispongan las medidas necesarias para prohibir y bloquear las llamadas realizadas bajo la modalidad de “número oculto”, “privado” o “desconocido” en los servicios de telefonía fija y móvil. La propuesta busca reforzar la seguridad y la transparencia en las comunicaciones frente al crecimiento de delitos y situaciones de acoso vinculadas al anonimato telefónico.

Asimismo, la iniciativa prevé excepciones para organismos de seguridad, salud y emergencias, debidamente identificados y justificadas por razones de operatividad crítica. En ese marco, propone la creación de un Protocolo de Identidad Digital Verificada para que las llamadas realizadas por organismos públicos —como ANSES y PAMI— y entidades bancarias sean identificadas automáticamente con el nombre de la institución y un sello de verificación visual, con el objetivo de prevenir estafas y evitar suplantaciones de identidad.

Los parlamentarios advierten que, en la actualidad, la posibilidad de ocultar la identidad del llamante se ha convertido en una herramienta utilizada para la comisión de delitos y conductas abusivas, como estafas telefónicas, secuestros virtuales, extorsiones y acoso. “Al ampararse en el anonimato, los delincuentes reducen el riesgo de ser rastreados y aumentan la vulnerabilidad de la víctima, quien no puede identificar el origen de la comunicación”, remarcan. Además, sostienen que la imposibilidad de identificar al agresor dificulta la recolección de pruebas y el avance de las investigaciones judiciales.

En este sentido, señalan que en muchos casos el número oculto es utilizado para evadir medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto, permitiendo que un agresor se comunique con su víctima sin dejar rastros en el registro de llamadas.

El proyecto también pone el foco en el incremento de las estafas de “vishing” o fraude telefónico, especialmente dirigidas a adultos mayores. Según explican, los delincuentes suelen hacerse pasar por empleados bancarios, representantes de ANSES o familiares en situaciones de emergencia, aprovechando el anonimato de las llamadas para generar miedo y desorientación en las víctimas.

Además, los parlamentarios destacan que el usuario de telefonía tiene derecho a saber quién intenta establecer contacto antes de atender una llamada, en línea con la Ley de Defensa del Consumidor, especialmente frente al uso cada vez más frecuente de números ocultos para evadir bloqueos, vulnerar la privacidad y facilitar prácticas abusivas.

La iniciativa también incorpora la protección de niñas, niños y adolescentes, al considerar que el anonimato telefónico puede facilitar situaciones de grooming o acoso a menores.

Finalmente, los legisladores remarcan que, si bien las provincias no tienen competencia directa para regular las telecomunicaciones, la Legislatura tiene la responsabilidad de expresar la preocupación de la ciudadanía frente a una problemática que afecta la seguridad pública local.

“Vivimos en una era donde la identidad digital es clave: así como para abrir una cuenta bancaria o un perfil en redes sociales se exigen validaciones de identidad, la telefonía no puede seguir ofreciendo el anonimato como función por defecto”, concluyen los autores del proyecto.