Río Negro asumirá el control de rutas nacionales en crisis y abre interrogantes sobre el financiamiento
En una decisión de alto impacto político y económico, el gobierno de Río Negro confirmó que avanzará en la intervención de rutas nacionales que atraviesan la provincia, particularmente la 22 y la 151, dos corredores estratégicos para la producción y la conectividad regional que presentan un estado crítico desde hace años.
El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck, quien aseguró que la Provincia “se hace cargo de un problema que Nación no resolvió en más de 20 años”, en referencia al prolongado deterioro de la infraestructura vial bajo jurisdicción nacional.
La definición implica, en los hechos, un cambio de lógica en la gestión de la red vial: una provincia que decide asumir responsabilidades que históricamente correspondieron al Estado nacional, en un contexto de retracción de la obra pública a nivel país.
Un problema estructural y acumulado
El estado de la Ruta Nacional 22 es, desde hace décadas, uno de los principales reclamos en el Alto Valle. El proyecto de autopista, iniciado hace más de 15 años, quedó atravesado por demoras, rediseños, conflictos con municipios como General Roca y Cervantes, y tramos inconclusos que hoy conviven con sectores de alta peligrosidad vial.
A esto se suma la situación de la Ruta Nacional 151, considerada una de las más deterioradas del norte patagónico. Con fuerte tránsito vinculado a la actividad petrolera y productiva, su calzada presenta deformaciones, baches profundos y banquinas en mal estado, lo que ha derivado en reiterados reclamos de usuarios, intendentes y sectores empresariales.
En distintos momentos, cámaras empresarias, sindicatos y autoridades locales advirtieron sobre el impacto económico de estas deficiencias, tanto en términos de costos logísticos como de seguridad vial.
Obras inconclusas y falta de mantenimiento
Entre los puntos críticos señalados se encuentran obras inconclusas como la rotonda de Choele Choel o el denominado puente 83 en Cipolletti, además de múltiples tramos sin mantenimiento adecuado.
El diagnóstico no es nuevo: responde a años de inversión irregular, cambios de prioridades en la obra pública nacional y, más recientemente, a la paralización de proyectos en ejecución.
La incógnita del financiamiento
Si bien el gobierno provincial adelantó que avanzará con una etapa técnica para relevar el estado de las rutas, contratos y proyectos existentes, uno de los principales interrogantes gira en torno al financiamiento de las obras.
Desde el propio Ejecutivo se reconoció que Río Negro no puede comprometer recursos destinados a áreas sensibles como salud, educación o seguridad, lo que abre un abanico de posibilidades aún no definidas: desde acuerdos con el sector privado hasta mecanismos de financiamiento externo o esquemas mixtos.
En este escenario, la decisión política de intervenir contrasta con la falta de precisiones sobre los recursos disponibles para ejecutar las obras, en un contexto económico complejo tanto para la Nación como para las provincias.
Un mensaje político en clave federal
Más allá del aspecto técnico, la medida también tiene una fuerte carga política. El planteo de Alberto Weretilneck se inscribe en un escenario de tensión entre Nación y las provincias por la distribución de responsabilidades y fondos.
Al asumir el control de rutas nacionales, Río Negro busca posicionarse como una provincia que toma la iniciativa frente a la falta de respuestas, aunque el desafío inmediato será transformar ese gesto político en obras concretas.
Mientras tanto, miles de usuarios continúan transitando a diario por rutas que, desde hace años, figuran entre las más cuestionadas del país.