1976: el país amputado
Todos los pueblos pueden quedar atrapados en el pasado, así como también confinados en un eterno presente, cuando pierden de vista la historicidad esencial que atraviesa cada uno de sus actos y condiciona toda acción individual y colectiva. Por lo tanto, un pueblo que aspire a una libertad genuina, fecunda y duradera debe sustraerse a ambas tentaciones y asumir que es en la historia donde la condición humana se vuelve posible. En consecuencia, el presente no nace con el sol de cada mañana: es, siempre, el resultado de hechos que se sucedieron en el tiempo. Algunos remotos, otros más próximos, pero todos determinantes de lo que hoy somos, aun cuando se encuentren tan distantes como los astros que iluminan la noche con una luz que partió hace miles o millones de años hasta llegar, desde ese lejano pasado, al cielo nocturno de nuestro presente.
El golpe del 24 de marzo de 1976 ocurrió hace medio siglo. Sin embargo, la distancia cronológica no disuelve sus efectos. Por el contrario, la Argentina vivió lo mismo que puede sucederle a una persona que sufre una amputación en su cuerpo: el tiempo puede atenuar el dolor, pero no restituye aquello que se ha perdido. Medio siglo después, esa mutilación sigue condicionando, de manera silenciosa pero persistente, la vida de cada uno.
La dictadura cívico-militar no fue, en consecuencia, un mero paréntesis en el devenir de la patria: fue una intervención profunda y decisiva sobre el tejido productivo, social e institucional del país, destinada a producirle todo tipo de amputaciones. Bajo la conducción de Martínez de Hoz, ministro de Economía del Proceso, la reducción indiscriminada de aranceles, combinada con un dólar artificialmente barato, desató una avalancha importadora que destruyó la industria construida durante décadas. En paralelo, desde la propia televisión estatal se instaló la idea de que lo extranjero era sinónimo de calidad, desplazando simbólicamente la producción nacional al rincón de lo inferior. La “tablita cambiaria” de 1978 terminó de consolidar ese esquema: con devaluaciones preanunciadas por debajo de la inflación, el consumo importado operó como una anestesia que disimulaba la magnitud de la operación en curso. Mientras una parte de la sociedad celebraba el acceso a bienes externos —“deme dos” se convirtió en consigna en las calles de Miami—, la estructura económica se desmoronaba: en 1980 las exportaciones cayeron un 20%, las importaciones crecieron un 30% y cerraron 17.000 establecimientos industriales, con la consecuente destrucción de cientos de miles de empleos formales.
El saldo financiero fue una hipoteca generacional. La deuda externa se sextuplicó, pasando de 7.800 millones de dólares en 1975 a 45.500 millones en 1983. Cada habitante multiplicó su carga individual de 320 a 1.500 dólares. A la par, el salario real perdió el 60% de su poder adquisitivo en apenas un año —hecho documentado por el rionegrino Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar—, mientras la pobreza escalaba del 5% al 25%, configurando un piso estructural que la Argentina nunca pudo retrotraer a niveles inferiores. Esa deuda, en apariencia abstracta, operó como una mecha de combustión lenta: su recorrido puede leerse en la hiperinflación de 1989, en la convertibilidad de los años noventa y en el colapso de 2001. Por lo tanto, el estallido de diciembre de ese año no fue un accidente, sino la expresión tardía de una lógica inaugurada en aquellos años.
Pero esa arquitectura no fue obra exclusiva de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, su diseño, legitimación y beneficio tuvieron como protagonistas centrales a actores civiles que, a diferencia de los ejecutores uniformados, jamás pagaron por sus responsabilidades. Sobre ellos operó un indulto de hecho que contrasta con el derrotero judicial de militares, policías y miembros de las fuerzas de seguridad, quienes fueron —con distintos ritmos y alcances— juzgados y condenados como brazos ejecutores de un plan concebido fuera de los cuarteles. En consecuencia, la asimetría es elocuente: mientras unos respondieron ante la justicia, otros consolidaron posiciones económicas y ampliaron su poder al amparo de aquel proceso, demostrando la impunidad de la que goza el poder real.
En efecto, sectores empresariales, financieros y tecnocráticos encontraron en la dictadura la oportunidad histórica para implantar un modelo económico que redistribuyó regresivamente la riqueza nacional. Ese modelo fortaleció a los grupos más concentrados, al tiempo que empobreció a amplias mayorías, debilitó el aparato productivo y subordinó la economía argentina a los flujos del capital financiero internacional. Por lo tanto, la represión no fue un exceso ni un desvío: fue la condición de posibilidad de una transformación estructural que difícilmente hubiera podido imponerse en un marco democrático.
En ese engranaje, las figuras de Videla, Massera y Agosti condensan la dimensión visible de un dispositivo mucho más amplio: la gran patota que ejecutó, con métodos de terrorismo de Estado, un programa orientado a reconfigurar la Argentina en línea con intereses geopolíticos que excedían sus fronteras. Así, la profundización de la dependencia respecto del sistema financiero internacional no fue una consecuencia imprevista, sino un objetivo consistente con la lógica de la Guerra Fría y con los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región.
El régimen también avanzó sobre la dimensión cultural, tan de moda en estos tiempos de batallas berretas. Las listas negras clasificaban a intelectuales bajo una consigna inequívoca: “Deben ser incinerados”. En agosto de 1980, la policía bonaerense quemó un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. La matrícula universitaria se redujo un 27% y la inversión en ciencia cayó del 26% al 8%. Entre el exilio —que expulsó a casi medio millón de personas— y la desaparición forzada, la Argentina perdió una generación entera de talento, pensamiento y compromiso.
Esa misma lógica condujo al país al borde de dos guerras. En 1978, la Operación Soberanía movilizó a 300.000 soldados hacia el canal de Beagle; solo la mediación del cardenal Samoré y circunstancias fortuitas evitaron un enfrentamiento entre dos pueblos cuyas dictaduras, sin embargo, cooperaban en el Plan Cóndor para perseguir y eliminar a sus propios ciudadanos. Cuatro años más tarde, una Junta debilitada por la crisis económica y el malestar social decidió avanzar sobre las Islas Malvinas. El resultado fue trágico: 649 argentinos muertos, en su mayoría conscriptos jóvenes. A esa cifra se suma, con el paso del tiempo, la tragedia persistente de los suicidios de veteranos. Hoy, mientras el territorio insular permanece bajo dominio británico y se proyectan inversiones millonarias en el campo petrolero Sea Lion, en el subsuelo del mar argentino, queda en evidencia que aquella decisión solo consolidó el control extranjero sobre el archipiélago y su entorno marítimo.
El terror se expresó también en su dimensión más extrema. Funcionaron 814 centros clandestinos de detención; por la ESMA pasaron cerca de 5.000 personas, de las cuales apenas 150 sobrevivieron. Los “vuelos de la muerte” transformaron el Río de la Plata en una fosa común. Se estima la apropiación de unos 500 niños; hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir 140 identidades. A sus 94 años, Estela de Carlotto sigue encarnando una búsqueda que aún reclama la restitución de cientos de nietos.
La justicia argentina ha transitado un camino sinuoso, marcado por avances y retrocesos. Al histórico Juicio a las Juntas de 1985 le siguieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y luego los indultos. Sin embargo, la reapertura de las causas en 2003 permitió reanudar el proceso: al 1° de diciembre de 2025 se registran 357 sentencias y 1.208 condenas. No obstante, ese proceso —valioso e imprescindible— deja al descubierto una zona de sombra: la responsabilidad civil, económica e intelectual del régimen continúa, en gran medida, fuera del alcance de la sanción judicial.
Reconocer la gravedad de lo ocurrido no implica quedar anclados en el pasado ni cultivar el rencor. Por el contrario, es la condición indispensable para comprender el presente. Porque solo una sociedad que asume la historicidad que la atraviesa puede advertir que sus decisiones no se agotan en el instante, sino que proyectan consecuencias que, tarde o temprano, regresan. En consecuencia, interpelar ese pasado no es un ejercicio retrospectivo, sino un acto de responsabilidad hacia el porvenir. Es, en definitiva, la única forma de impedir que un pueblo vuelva a quedar atrapado en su pasado o confinado en un presente sin memoria. Y también, de comenzar a saldar una justicia todavía inconclusa: la que exige que todos los responsables —incluidos los civiles que diseñaron, se beneficiaron y aún hoy permanecen impunes— sean alcanzados por la verdad y la memoria, para que aquello que ya ocurrió no encuentre las condiciones para repetirse. Nunca más.
(*) Vicegobernador de Río Negro