Ordenan el embargo del sueldo de la diputada nacional Lorena Villaverde

La situación judicial de la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, se complicó significativamente esta semana luego de que se ordenara formalmente el embargo de su dieta parlamentaria. La medida responde a una demanda por incumplimiento contractual vinculada a sus actividades empresariales previas a asumir su banca.

El fallo fue emitido por un juzgado civil de Bariloche tras la presentación de un particular que denunció no haber recibido un lote adquirido en un desarrollo inmobiliario en la villa balnearia de Las Grutas. Según la presentación judicial, Villaverde, en su rol de desarrolladora, habría incumplido los plazos y condiciones de entrega, lo que derivó en una causa por daños y perjuicios.
 
Antecedentes y presión judicial

Este no es el primer revés financiero que enfrenta la legisladora este año. En agosto de 2025, la justicia ya había dictado un embargo preventivo de 50 millones de pesos sobre sus cuentas bancarias y bienes personales. Aquella resolución se dio en el contexto de una investigación por presuntas ventas irregulares de terrenos que no contarían con las habilitaciones municipales correspondientes.

La orden de afectar su sueldo como diputada nacional llega en un momento de extrema debilidad política para Villaverde. Cabe recordar que, apenas meses atrás, su pliego para la Cámara Alta fue rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, truncando sus aspiraciones de transición hacia el Senado.
 
Repercusiones políticas

Desde el entorno de la diputada han calificado las medidas judiciales como parte de una "persecución política" orquestada por sectores opositores en la provincia de Río Negro. Villaverde ha sostenido en reiteradas oportunidades que ha sido sobreseída en otras causas similares y que sus emprendimientos inmobiliarios están en regla.

Sin embargo, la acumulación de denuncias —que incluyen también sospechas sobre irregularidades en la facturación de su última campaña electoral— ha generado malestar dentro de su propio bloque. Por el momento, la Cámara de Diputados deberá proceder con la retención del porcentaje legal correspondiente de su salario para dar cumplimiento a la orden judicial.