Viedma: acusan a un hombre de estafar a su prima utilizando sus tarjetas de crédito

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre acusándolo del delito de estafa en el marco de una investigación que se originó a partir del uso no consentido de una tarjeta de crédito. Fue su prima quien denunció que habría sido su él quien efectuó compras por más de dos millones de pesos.

Según la acusación el imputado habría accedido a los datos de una tarjeta de crédito de su prima y con ella habría efectuado numerosas compras y consumos, entre los que se encuentran pasajes de transporte a través de Plataforma 10 a su nombre y el de su pareja.

La Fiscalía sostuvo que estas maniobras provocaron un perjuicio económico significativo a la damnificada, quien tomó conocimiento cuando recibió el resumen de la tarjeta y descubrió la existencia de gastos que no había realizado. Ante ello, dió de baja el plástico  y desconoció formalmente las compras ante la entidad emisora. En su relato, la víctima manifestó sospechas respecto de un familiar, dado que habían permanecido en un domicilio mientras el hombre visitaba a su tío. Dijo además que conocía situaciones similares que habrían afectado a otras personas del entorno familiar.

Como sustento de la acusación, la Fiscalía detalló que cuenta con resúmenes de cuenta de la tarjeta en los que se registraban los consumos no reconocidos, Con esa información la OITEL obtuvo información vinculada a la adquisición de pasajes a nombre del imputado y de una tercera persona, identificada como su pareja.

Asimismo, se incorporó un informe de Plataforma 10 que da cuenta tanto de la compra de los pasajes como del uso de la tarjeta perteneciente a la denunciante, y confirma que una de las personas pasajeras de los viajes realizados era el imputado.

La calificación legal atribuida por la Fiscalía es la de estafa, prevista en el artículo 172 del Código Penal, en calidad de autor, conforme lo establecido en el artículo 45 del mismo cuerpo normativo. En la audiencia se adelantó que las partes podrían avanzar en una salida alternativa.

El defensor público del hombre no manifestó objeciones y el juez de garantías dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses imponiéndole obligaciones para que esté sujeto a derecho.