Odarda exige cumplir la ley y crear las fiscalías ambientales postergadas desde 2010
La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó una nota formal al gobernador Alberto Weretilneck, al Procurador General Jorge Crespo y al Superior Tribunal de Justicia, solicitando la incorporación en el Presupuesto 2026 de los cargos y estructuras necesarias para poner en funcionamiento las Fiscalías Ambientales en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.
Odarda recordó que la ley provincial N° 4518, sancionada en 2010, creó las Fiscalías Ambientales dentro del Ministerio Público y estableció funciones específicas para la tutela anticipatoria y la protección del ambiente como bien colectivo. “Es extremadamente grave que esta ley lleve 15 años sin cumplirse”, advirtió la legisladora, subrayando que no ha sido derogada y por lo tanto el Estado tiene la obligación legal y constitucional de implementarla.
En su presentación, la legisladora remarcó que durante más de una década la provincia ha atravesado episodios ambientales de alta gravedad —muchos tratados por fiscalías sin formación especializada—, lo que vuelve imprescindible contar con órganos específicos y equipos técnicos capaces de intervenir con rapidez y criterio en estas materias. “El cuerpo interdisciplinario de peritos previsto por la ley es una herramienta esencial para producir pruebas en tiempo y forma y garantizar una verdadera tutela ambiental”, sostuvo.
Odarda también recordó que desde 2020 Argentina adhiere al Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a asegurar el acceso a la justicia ambiental mediante organismos especializados, procedimientos eficaces y sin barreras. “La creación de las Fiscalías Ambientales es condición indispensable para cumplir con el Acuerdo de Escazú y con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho al ambiente sano”, afirmó.
Finalmente, la legisladora instó al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a incluir en el Presupuesto 2026 todos los recursos necesarios para que las Fiscalías Ambientales comiencen a funcionar de manera efectiva después de 15 años de incumplimiento. “Es tiempo de que Río Negro dé un paso decisivo en la defensa de los bienes naturales comunes y en la protección de los derechos colectivos de sus habitantes”, concluyó.