Proyectan penalizar a conductores que ocasionen siniestros viales bajo los efectos del alcohol o estupefacientes

Legisladores que integran diferentes comisiones debatieron este martes una iniciativa orientada a penalizar a los conductores que hayan ocasionado siniestros viales bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o por “conductas irregulares graves”, exigiéndoles reintegrar al Estado provincial los gastos incurridos en su atención médica, asistencial y en la logística de fuerzas de seguridad y bomberos.

Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), impulsor del proyecto, enfatizó que “lo que se propone es que esos costos que el Estado asume, es decir, toda la sociedad con sus aportes, los pague quien los provocó”, y que “quien conduce un vehículo alcoholizado o drogado, o ambos, se haga cargo de los gastos que le provoca al Estado, el despliegue de de la fuerza policial y los bomberos”.

El legislador propuso modificaciones a su proyecto original que incluyen la especificación de que los Ministerios de Salud y Seguridad fijarán los costos correspondientes, y la obligatoriedad de realizar capacitaciones en seguridad vial para los infractores.

Ante cuestionamientos de Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), Frugoni refutó el argumento de que los responsables son siempre “enfermos” adictos, destacando que muchos siniestros son causados por personas que simplemente exceden el consumo ocasional de alcohol y drogas.

Delgado Sempé expresó su preocupación por la “puerta” que podría abrirse para cobrar a los ciudadanos por afecciones autoinducidas, comparando el alcoholismo con la obesidad y “la posibilidad de que se cobre a un obeso por un atracón que lo lleve al hospital”. También cuestionó hasta dónde se extendería esta lógica: “La adicción es una enfermedad, el alcoholismo, las drogas. Digo, ¿hasta dónde lo vamos a abrir?”.

Aunque manifestó estar “totalmente de acuerdo” en cobrar a quienes tienen la capacidad económica, expresó su preocupación por los más vulnerables: “La persona que no tiene recursos le está dejando un problemón a la familia también”, temiendo que una deuda pueda dejar a las viudas o familias en la calle.

Otros bloques también manifestaron sus reservas y la necesidad de un estudio más profundo. El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló dudas conceptuales, argumentando que las sociedades “generan sus propias patologías” y que las adicciones son “producto del malestar en la cultura”. Cuestionó si la ley no sería un “parche” que busca cobrar “dos veces” a los ciudadanos cuando el Estado ya ha fallado en la prevención y la justicia.

Por su parte, el legislador Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) propuso que la responsabilidad del conductor sea establecida por la “autoridad judicial competente”.

La legisladora Yolanda Mansilla Primero Río Negro), desde una perspectiva legal, sugirió que la provincia debería tener la obligación de presentarse en cada expediente judicial para recuperar los fondos, reconociendo la dificultad de cuantificar ciertos gastos y la imposibilidad de cobrar en muchos casos.

Ante las propuestas de modificación y las diversas dudas planteadas, se resolvió dejar el proyecto en estudio de la comisión.