Denuncian presuntas irregularidades de la provincia en la contratación de una empresa

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé sostiene que la reciente contratación de la empresa WICZ MINING CONSULTING S.A.S. por parte de la Provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, ha suscitado graves preocupaciones debido a aparentes irregularidades en el proceso y los antecedentes de la empresa involucrada.

Según el contrato, el monto asignado a “WICZ MINING CONSULTING S.A.S.” asciende a $60.984.000 para un servicio de asesoría técnica en la empresa estatal EMIR S.A., lo que "plantea dudas sobre la transparencia y la legalidad del proceso de contratación".

Entre las presuntas irregularidades detectadas, se desprenden:

    1. Reciente Constitución de la Empresa: WICZ MINING CONSULTING S.A.S. fue constituida el 21 de diciembre de 2023 en la Provincia de Jujuy, según consta en el Boletín Oficial. La falta de experiencia de esta empresa en el rubro y su constitución reciente por parte de únicamente un comerciante con domicilio en San Miguel de Tucumán del cual se desconocen sus antecedentes en cuanto a la administración de empresas, despiertan dudas sobre su capacidad técnica-financiera para llevar adelante un contrato de esta magnitud y que tiene por objeto velar por la correcta puesta en marcha de una empresa provincial.
    2. Criterios de Evaluación Insuficientes: Aunque el proceso no fue de contratación directa, el análisis previo a la adjudicación se limitó al precio entre los tres oferentes y no incluyó una evaluación exhaustiva de los antecedentes y méritos técnicos operativos de la empresa. Esto sugiere un manejo negligente de los criterios de selección, poniendo en riesgo la efectividad y el éxito del proyecto.
    3. Ausencia de Transparencia: No se han difundido los criterios utilizados para seleccionar a WICZ MINING CONSULTING S.A.S. frente a otras empresas del sector, ni se ha proporcionado información sobre la evaluación de su idoneidad técnica y financiera para cumplir con las exigencias del contrato.
    4- El capital de la sociedad, que resulta muy bajo y si tuviera que responder por su accionar es 30 veces menor al contrato otorgado.

"Si la empresa no da respuesta a las obligaciones contractuales, sólo podrán recuperar $2.000.000 (hipotéticamente). Es decir, la empresa no tiene el respaldo financiero para hacer frente al monto por el cual se la contrata. Por eso, daremos vista a la Fiscal de Investigaciones Administrativa", dijo el legislador.

Ante esto, señaló que "la ciudadanía merece claridad y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Por eso, continuó, "exigimos a las autoridades provinciales una explicación clara y transparente sobre los motivos que llevaron a esta contratación, así como una revisión exhaustiva de los procedimientos adoptados".

Por otra parte, cuestionó la transparencia en la administración de los recursos públicos. "Es fundamental para asegurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones" indicó Delgado Sempé.