Piden sincronizar vencimientos de facturas de servicios básicos con las fechas de cobro
Con el objetivo de brindar un alivio directo a los sectores que más lo necesitan, como los trabajadores, comerciantes y pequeños emprendedores, las ediles María Andría (Cambia Río Negro) y Vanessa Cacho Devincenzi (PAR Viedma), presentaron un proyecto de comunicación para que las empresas aliñen los vencimientos y fechas de facturación de los servicios básicos con las de cobro de salarios.
La propuesta está dirigida a la Secretaría de Energía y Ambiente de la Provincia de Río Negro y apunta a generar previsibilidad en el pago de servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua potable, garantizando un acceso justo para todos los ciudadanos.
"En tiempos donde la economía familiar y los pequeños negocios enfrentan constantes desafíos, la falta de sincronización entre las fechas de vencimiento de las facturas y el cobro de salarios se ha convertido en una traba significativa", las ediles resaltan que "muchas familias y comerciantes se ven obligados a afrontar dos vencimientos de servicios básicos en un solo mes, debido al desdoblamiento de facturas bimestrales, generando una presión financiera innecesaria".
Añadieron que "a esto se suma que, cuando los vencimientos coinciden a fin de mes, muchos trabajadores aún no han recibido sus salarios, viéndose forzados a recurrir a préstamos o endeudarse para no incurrir en mora".
Esta iniciativa busca "proteger el bolsillo de los sectores populares y productivos, promoviendo un alivio económico que permita mayor estabilidad y previsibilidad en la gestión de los recursos familiares y comerciales".
"Sincronizar las fechas de pago de servicios con los días de cobro de sueldos no solo facilitaría el pago en tiempo y forma, sino que también evitaría que los usuarios deban elegir entre pagar servicios o cubrir otras necesidades básicas", remarcaron.
Además, el proyecto subraya que "en medio de una situación económica que afecta a los trabajadores y pequeños emprendedores, esta medida contribuiría a evitar la morosidad involuntaria, al mismo tiempo que garantizaría que todos los ciudadanos puedan continuar accediendo a los servicios esenciales sin poner en riesgo su bienestar ni el de sus familias".
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