El Ministerio Público Fiscal avanzó en la sustanciación del legajo iniciado a partir de irregularidades denunciadas por funcionarios nacionales en el marco de la ejecución de viviendas del plan federal 'Techo Digno', en este caso de la localidad de Sierra Grande.

La Fiscalía le atribuyó a dos ex intendentes, y a dos ex funcionarios municipales de cada una de las gestiones de gobierno la coautoria en dos hechos calificados como defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento falso. Al empresario implicado lo acusó de ser partícipe necesario.

Según la fiscalía, en lo que constituye el primer hecho, el intendente Renzo Tamburrini, suscribió en diciembre de 2014 un convenio para la construcción de 40 viviendas e infrestructura con referentes de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

La construcción debía realizarse en un plazo de 12 meses e implicaba el cumplimiento de ciertos requisitos que estaban debidamente explicitados en dicho contrato.

Según la acusación, en un periodo comprendido entre abril y noviembre del 2015 la municipalidad de Sierra Grande recibió más de 16 millones de pesos que representan el 92% del convenio destinado pura y exclusivamente a la construcción de las viviendas antedichas.

En ese marco, el intendente junto a Mauro Tamburrini - secretario de gobierno y hacienda- ordenó el pago a la empresa Construcciones Normalizadas de 12 millones de pesos equivalente un avance de obra correspondiente al 71%. En la certificación de dicho porcentaje intervino el tercer imputado Ernesto Noel, secretarios de obras y servicios públicos municipal.

Sin embargo una inspección realizada en abril del 2016 por el IPPV verificó que el avance real de la obra era apenas mayor a un 34 % por lo que se pagó un porcentaje igual en exceso generando con ello un perjuicio al erario municipal de 5 millones de pesos con el consecuente beneficio patrimonial al la empresa que percibió un lucro indebido. Ese monto actualizado a 2023 asciende a más de 130 millones de pesos. Además pagó un millón de pesos en concepto de infraestructura.

“Se valió del accionar de sus funcionarios que firmaron certificados que daban cuenta de un avance mayor y precisó también de la colaboración del empresario que de ninguna manera podía desconocer el avance real de una obra que estaba a su cargo”, efatizó la Fiscalía mencionando detalladamente cuáles fueron las obligaciones que el intendente no cumplió al protagonizar dichos hechos.

El segundo hecho, enrostrado en este caso al intendente que lo procedió, Nelson Iribarren, se produce cuando este abona otros dos pagos en concepto de obras de infraestructura informando falsamente avance de obra.

“Sin que se hubiesen recibido desembolsos de Nación correspondientes al acuerdo específico, el intendente junto a Claudia Albariño, Secretaria de Gobierno e Inspección General del Municipio, ordenó pagos a la empresa “Construcciones Normalizadas Viedma S.A.”, equivalente a un avance de obra del 14,02% atribuidos al ítem “movimiento de suelos” y falsamente certificado por Miguel Ángel Mesa, Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos municipal.

También en este hecho, el relevamiento realizado por referentes de IPPV no coincidía con las certificaciones de avance ni con los pagos efectivamente realizados. “El intendente sabiendo que el estado de obra no era real y a fin de beneficiar a la empresa pago indebidamente una suma superior a los dos millones de pesos que actualizados a 2023 superan los 46millones de pesos.

Ambos intendentes, a su turno, firmaron resoluciones internas reconociendo y autorizando los pagos realizados.

La Fiscalía fue precisa en cuanto a la maniobra y a la participación que tuvo cada uno de los imputados. Detallaron largamente el sustento probatorio que ya alcanza los 6 cuerpos de un miemso legajo a partir de la denuncia presentada oportunamente por la sobre certificación de una obra, en la que se señalaban además múltiples inconsistencias en certificados y firmas.

A su turno las defensas requirieron precisiones y uno de los siete abogados intervinientes en representación de cada uno los imputados se opuso a la formulación de cargos. Todos aclararon sí, sus posturas disidentes adelantando que serán debatidas en el momento procesal oportuno.

Finalmente el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de los próximos cuatro.