Por Graciela Landriscini (diputada nacional)

Desigualdad urbana en Cipolletti, un problema de arrastre

Graciela Landriscini

La ciudad de Cipolletti cumple años. Una alegría de este tiempo son las aperturas, los paseos al aire libre y los reencuentros familiares y de amigos que vienen de la mano del plan de vacunación, la reducción del número de casos de contagio del coronavirus y de la pérdida de vidas, junto a la mejora climática que trae la primavera. Una preocupación que queda son las desigualdades laborales, de ingresos, habitacionales y de oportunidades que venían del tiempo previo y que la pandemia Covid 19 agravó, profundizando la pobreza e indigencia. Ha habido muestras de solidaridad y de ayuda social de distintos sectores, junto al reconocimiento al personal de salud, pero también se han hecho visibles señales de indiferencia y de ofuscación ante las restricciones de circulación, y comportamientos que no respetaron las disposiciones establecidas en la emergencia tendientes a proteger la salud y la vida de todos y todas.

Al presente, en momentos que procuramos superar el dolor de las pérdidas de vidas, y de empleos e ingresos, para que se cumpla el deseo de un mejor cumpleaños de la ciudad es urgente construir una agenda de prioridades de corto plazo y de mediano plazo, orientadas a la transformación local como ciudad inclusiva y sustentable, y hacerlo de modo planificado y concertado. Ello por cuanto Cipolletti, se ha convertido en una ciudad dual con segregación y fragmentación socio territorial, lo que agrava las diferencias entre barrios, entre vecinos y vecinas, y entre quienes pertenecen a distintas generaciones. Las familias jóvenes son las que más sufren la precariedad laboral, de ingresos y habitacional, y enfrentan la incertidumbre existencial.

La desigualdad de arrastre agravada por la pandemia deja de asumir un carácter abstracto y se encarna en la sociedad, en la disponibilidad de recursos e ingresos familiares, y en su expresión espacial -la ciudad- creando una situación de tensión estructural que pone en cuestión el derecho a habitar para un número creciente de ciudadanos y ciudadanas, excluidos de una vida digna. 

La ciudad evidencia un crecimiento explosivo como parte del área metropolitana de la Confluencia, y se expande la segregación y fragmentación socio territorial. Los distintos poderes públicos no logran modificar la inequidad derivada de la desregulación del mercado de suelo urbano, que se traduce en la gentrificación en el área céntrica y en conflictos de ocupación de tierras y de construcción precaria en áreas de expansión. Asociado a ello la irregularidad en el asentamiento de miles de familias en los márgenes de la ciudad los transforma en prisioneros de la carencia de los servicios básicos. Mientras se gestionan, se negocian y se resuelven expropiaciones y desarrollos urbanos, quienes no pueden ser sujetos del mercado de tierras esperan, avanzan sobre tierras no utilizadas, o se hacinan en viviendas de familiares. Su existencia queda así subordinada a las decisiones y la elección racional de quienes tienen el poder público o privado para avanzar en la resolución de la cuestión. De este modo se convive con el silencio, la demora y la respuesta tardía, la falta del techo y abrigo y la consecuente desesperanza, o se busca la resolución por vías no institucionales, lo que provoca más tensión. Resulta urgente generar proyectos que identifiquen las necesidades y poner en marcha opciones accesibles y sustentables para la inclusión social y el desarrollo familiar. 

Existen espacios institucionales y medios técnicos, información, programas nacionales para avanzar en la mejora urbana, profesionales en la materia, espacios políticos, organizaciones sociales, y cooperativas de vivienda, trabajo y producción. Todos y todas pueden cooperar en fijar prioridades, y pueden participar activa y concertadamente en la búsqueda de soluciones si aspiramos a una ciudad en la que el Estado no reproduzca desigualdad material y simbólica, no excluya por edad, o color de piel, y en la que no sea el mercado el único asignador de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

El agua potable y los medios para contar con calefacción, energía, el tendido de cloacas, la limpieza urbana, la iluminación barrial, el mantenimiento de calles, la circulación y el transporte, la recolección de residuos y la seguridad, la salud y la educación, los centros comunitarios de usos múltiples y adecuados espacios públicos de recreación para los niños son prioridad y deben estar al alcance de todos y todas. Si ello no se garantiza se naturaliza la desigualdad estructural y la violencia social integral que ella multiplica.

Se impone la solidaridad en tiempos de pandemia, y la responsabilidad social y política frente a la incertidumbre y al impacto económico y humano que la misma entraña. Para reducir las desigualdades estructurales profundizadas por la pandemia se requiere accionar cuatro mecanismos, a saber: la igualdad de oportunidades, el reconocimiento de los y las otras, la construcción de capacidades, y la activación del capital social a través de la organización cooperativa. A ello puede agregarse la necesidad de la planificación territorial y el ordenamiento de uso. Ello demanda asimismo reformar los regímenes tributarios, y los mecanismos distributivos del ingreso y el gasto público para avanzar en obras de desarrollo urbano y construcción de infraestructura básica. La estabilidad económica y la progresividad de ingresos es condición sine quanon para poder avanzar en programas que suponen inversiones y deudas de mediano y largo plazo. 

La justicia debe estar en el centro de las instituciones. Debe servir de canalizador para que todas las personas desarrollen su potencial y obtengan, en consecuencia, un mejor nivel de vida. Para que ello sea posible se requiere de una precondición adicional que sería la obligada presencia de una convicción y una política de la fraternidad. La política de la fraternidad requiere considerar la transformación de las dimensiones económicas y políticas del sistema social que producen y reproducen la desigualdad, y revisar aquellas que atraviesan además las dimensiones simbólicas. Alcanzar una política de fraternidad demanda el desarrollo de una ciudadanía plural e incluyente, capaz de reconocer las diferencias. Por ello los barrios asentados en los márgenes de la ciudad y con dificultades graves para el acceso pleno a los servicios y los derechos demandan ser reconocidos, contar con la infraestructura de obras y servicios básicos para tener una existencia digna y que se respete su derecho a la ciudad y a la participación. 

El Estado nacional construye obras y afecta recursos para las mejoras del hábitat por parte de las familias, y para la construcción de obras básicas en un gran número de ciudades del territorio nacional. La situación vital inédita que se enfrenta requiere ágiles formas de actuar y resolver. Y demanda urgentes soluciones convocando a un trabajo concertado de las fuerzas políticas y sociales de la ciudad para encarar un plan de acción que recupere la producción y el trabajo, el comercio y los servicios, y que al mismo tiempo reconozca el derecho a la ciudad de toda la población, cualquiera sea su condición social, y lugar de residencia. 

Salir de la pandemia y reconstruir el tejido social y económico dañado requiere activar los mecanismos de la democracia, demanda diálogo, ayuda mutua, solidaridad, y el cuidado de la vida como premisa básica. En ese camino y solo en él, buscando que la ciudad sea para todos y todas, se podrá decir entonces con firmeza Feliz cumpleaños Cipolletti. 

Graciela Landriscini
Diputada nacional (Frente de Todos Río Negro)
03/10/21

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