Vuelven a intimar a Salud para que asegure la provisión de medicamentos oncológicos

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La Justicia volvió a intimar al gobierno rionegrino para que garantice la provisión en tiempo y forma de los medicamentos y tratamientos indicados a los pacientes oncológicos que se atienden en la ciudad a través del sistema público de Salud.

Fue mediante una nota enviada por Gustavo Tenaglia, secretario de feria del Juzgado Civil N°3 de Viedma, al ministro de Salud de la provincia.

Este reclamo había sido hecho público por la Defensora del Pueblo de la ciudad, Nora Cader, hace casi un mes.

La funcionaria dijo en la oportunidad que “hoy se registran demoras injustificadas de meses y las y los pacientes sufren de una gran incertidumbre en relación a la continuidad de sus tratamientos y a sus chances de superar la enfermedad sin las medicinas indicadas”.

El planteó surgió luego de que un paciente de 40 años que se atiende por un tumor que le afecta los pulmones y el corazón solicitara la intervención de la Defensoría para que se le garantice la provisión de los fármacos que debe aplicarse cada 21 días de acuerdo a las indicaciones de su médico especialista, cuestión que no ha podido concretar por demoras de hasta tres meses en la entrega por parte de la farmacia del Hospital Zatti, recibiendo como única respuesta que los expedientes para la compra de los medicamentos para él y otros pacientes se encuentran demorados por razones presupuestarias.

Esta situación generó, en este caso puntual, un impacto negativo en el tratamiento y en la evolución de su cuadro, además de afectarlo nocivamente a nivel psicológico.

El sistema de Salud público debe cumplir con las prestaciones necesarias a fin de lograr la recuperación del paciente, incluso más allá de las exigencias del Programa Médico Obligatorio, toda vez que este fija un piso de prestaciones mínimas y no máximas para el aseguramiento de los derechos constitucionales a la vida y a la salud, remarcó la Defensora del Pueblo.

Cader además citó distintos precedentes judiciales que han determinado que "existe un interés superior" que no puede desampararse, que es la salud de los pacientes con serio riesgo de vida y que la interrupción de sus tratamientos puede traer aparejadas consecuencias indeseables e irreparables”.

"El derecho a la preservación de la salud es una obligación impostergable que tiene la autoridad pública que debe garantizar ese derecho con acciones positivas", remarcó la Defensora.

"Mientras luchamos contra la pandemia no debemos olvidarnos de otras enfermedades graves. Tenemos que combatir la pandemia y, a la vez, seguir avanzando en el tratamiento de otras enfermedades, en particular del cáncer, porque para las y los pacientes oncológicos, la falta de diagnóstico, tratamiento y medicamentos puede ser mortal”, remarcó.

"El cáncer no tiene que ser nunca una sentencia de muerte, tampoco durante la pandemia de COVID-19”, cerró Cader. 

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