Landriscini: "En matera de salud sexual y reproductiva, Argentina entró al siglo XXI"

Graciela Landriscini

La aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo por ley del Congreso Nacional a partir de un proyecto del Poder Ejecutivo implica saldar una deuda pendiente de la democracia con los derechos humanos de las personas gestantes. Un proyecto que ha sido impulsado por el movimiento de mujeres y personas LGTBIQ+ -desde hace muchos años, desde espacios participativos- y que ha contado con el apoyo del gobierno nacional y de otras fuerzas políticas, académicos-as y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, ubica a nuestro país en la vanguardia mundial en términos de derechos humanos de salud sexual y reproductiva.

Porque no solo se ha aprobado el aborto legal. Conjuntamente con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Programa de Educación Sexual Integral, y el Acceso a la Anticoncepción Quirúrgica, la interrupción voluntaria del embarazo y el Plan de los 1000 días -que instituye  la protección integral del embarazo, la adopción y el parto y postparto, como así también los tres primeros años de vida de niños y niñas nacidas-, constituyen y consolidan un paquete integral de políticas públicas destinado a garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos, feminista y de diversidad.

La aprobación legal de estas medidas, en el actual contexto, tiene una importancia mayúscula. Según las Naciones Unidas, en contexto de la pandemia,  aproximadamente 379 mil personas gestantes que venían recibiendo sus anticonceptivos modernos de corta duración en servicios públicos de salud de Argentina discontinuaron su uso, sumadas las personas que tuvieron restricciones en su acceso. Esto implicaría que, en 2020, hubo una retracción del 17% en la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos.

Hoy, más que nunca, se vuelve especialmente relevante, consolidar la política de Salud Sexual y Reproductiva en la que se viene avanzando desde 2006 y que la aprobación de la IVE y el Plan de los 1000 días viene a completar. El riguroso trabajo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Género y Diversidad, junto al amplio tratamiento dado al proyecto oficial en ambas cámaras del Congreso Nacional, confluyen en lo que se transforma en Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La aprobación legal de estas medidas viene a dar respuesta a obligaciones que el Estado argentino había contraído a través de tratados internacionaels de derechos humanos, tal como se venía exigiendo desde los órganos de las Naciones Unidas. Pero la demostración cabal de que se pueden vencer obstáculos políticos y culturales para construir una sociedad más inclusiva nos da la esperanza de que un país más justo no solo es deseable, sino que también es posible.

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