Política indígena con la Constitución Nacional en la mano

INAI

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-INAI-,  Magdalena Odarda, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó que todas las intervenciones que realizó el Instituto se encuentran enmarcadas en la legislación actual, la ley nacional 26160 y sus sucesivas prórrogas, siendo la ultima la ley 27400, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, siendo una condición, no excluyente, que estén inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades indígenas o en organismos provinciales. Además, a través de esta ley se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas bajo esta ley (artículo 2). Por lo tanto, en este marco, los jueces no dictan desalojos de comunidades indígenas.

De esta forma, el Estado da un paso adelante en uno de sus objetivos según el artículo 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, donde se establece: “Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”; y agrega, entre otros párrafos de fundamental importancia para este reconocimiento: “reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –INAI- es la autoridad de aplicación de la política indígena en el territorio nacional, por lo tanto le corresponde generar las acciones de ejecución para el cumplimiento de lo preceptuado por la CN y la ley de emergencia, para lo cual, realiza relevamientos de los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas con el fin de que –finalmente- se haga efectivo el otorgamiento de la propiedad comunitaria.

A los fines de culminar los relevamientos, se han realizado tareas de campo hasta el mes de marzo, previamente a la declaración de la pandemia por Covid-19. La ley 23302 crea el INAI y establece que su fin es la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus comunidades.

Por todo ello, es necesario aclarar que toda denuncia o intento de arrojar juicio alguno hacia las acciones del INAI, constituye una fútil amenaza que no tiene asidero considerando, como decía, que este organismo está obligado a ejecutar políticas de resguardo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, leyes vigentes y tratados internacionales en materia indígena.

“El nuevo paradigma que instaló el INAI respecto a estos puntos, iniciando una nueva etapa de diálogo y construcción de soluciones en cada una de las problemáticas planteadas por las comunidades indígenas, ha suscitado todo tipo de respuestas y reacciones, dejando traslucir que el proceso de instalar en la agenda los derechos humanos de los pueblos indígenas, llevará tiempo y también un cambio cultural que vaya reconociendo la pluralidad y diversidad de pueblos y la necesaria comunicación intercultural y el respeto entre todos ellos”, expresó la presidenta del INAI.

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