El FdT propone una comisión de ordenamiento y un banco de tierras para garantizar el acceso a lotes

viedma, loteo, cooperativa, 8 de diciembre

La sucesión de conflictos en los distintos municipios rionegrinos vinculados al uso y disponibilidad de la tierra pone nuevamente en evidencia la necesidad de  establecer políticas públicas claras con respecto al ordenamiento territorial en los ámbitos urbanos, semirural y rural de la Provincia. La intervención estatal debe resguardar los intereses públicos, asegurar la eliminación de intereses especulativos y dar respuesta a la demanda de las familias rionegrinas que ven imposibilitado el acceso a la tierra.

El bloque del Frente de Todos propuso nuevamente crear una comisión de ordenamiento territorial y un banco de tierras, como alternativas legislativas para avanzar en posibles soluciones a la imposibilidad de acceso a lotes sociales que sufren miles de familias rionegrinas en las distintas localidades de la provincia. Además, pidió informes sobre la falta de avance durante los últimos cinco años en el cumplimiento de la ley que ordenaba la toma de posesión de casi 25 mil hectáreas irregularmente transferidas a privados antes de 2011.

En mayo de este año, esa bancada, por medio del legislador Alejandro Marinao y de la presidenta María Eugenia Martini, insistió con un proyecto que el propio representante de la Línea Sur -en ese momento junto a Jorge Vallaza- presentó en 2016 y en 2018, en ambos casos sin tratamiento parlamentario.

La iniciativa recomienda la creación de una Comisión Especial para el Ordenamiento Territorial y Protección de Recursos Ambientales y Paisajísticos que diagnostique la situación actual de la distribución territorial, facilite la instrumentación de mecanismos que permitan un proceso de ordenamiento y asegure la preservación del medio ambiente posibilitando, en definitiva, que más familias accedan a lotes donde proyectar su futuro. 

Marinao y Martini recordaron que en 2012 se creó la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales que presentó su informe final en 2015. Ese vasto trabajo, realizado en conjunto con la Universidad Nacional de Río Negro, concluyó que “desde la conformación del estado provincial -año 1955– hasta la actualidad, se advierte cómo la falta de una política pública de ordenamiento territorial provincial ha traído aparejado no sólo la concentración de la tierra en pocas manos, sino también la expulsión de los pobladores rurales y comunidades indígenas hacía los centros urbanos ubicándose, en la mayoría de los casos, en sectores periféricos”. 

El manejo discrecional e irregular de las tierras fiscales en la provincia quedó expuesto en ese informe final que reportó en ese lapso más de 140 denuncias sobre la entrega fraudulenta de tierras públicas a privados. Tal como sucedió con los proyectos de 2016 y 2018, el presentado en mayo por Marinao y Martini tampoco fue debatido.

A esta propuesta se suma una más reciente, de Pablo Barreno, con el resto del bloque FdT, que impulsa “la implementación de un fondo para adquirir tierras, fundamentalmente dirigido a suelos ociosos, recurriendo a las formas tradicionales o implementando herramientas modernas de redistribución”. “Este banco de tierras se conformará con el aporte del 10% del monto resultante de la diferencia entre lo recaudado por el impuesto inmobiliario en la categoría inmuebles urbanos y lo recaudado por el impuesto inmobiliario en la categoría inmuebles suburbanos”, explicó Barreno. Además el Estado provincial dispondrá el 10% de las tierras bajo su dominio, ubicadas en cada ejido municipal.

Lo ocurrido días atrás en Loma del Medio, en El Bolsón, es un ejemplo más de una larga cadena que culmina en la Justicia como resultado de la ausencia de un Estado que no aplica la normativa vigente.

En Río Negro, existen asentamientos precarios registrados en distintas ciudades de la provincia: 40 en Cipolletti, que comprenden a 6.000 personas; 14 en General Roca, donde viven 5.000 personas; 12 más en Bariloche, que habitan otras 6.000; 7 en Viedma y 2 en Villa Regina con 5.000 y 3.000 vecinos respectivamente en condiciones de total precariedad. El relevamiento es parcial, pero el problema tiene magnitudes de emergencia.

Por ello, además, la bancada del Frente de Todos pidió al Ejecutivo provincial precisiones sobre las políticas públicas que implementa el gobierno para facilitar el acceso a la tierra. Solicitó, en un escrito ingresado esta semana a la Legislatura, que se informe si se cumplió con la ley  5010, sancionada en 2014, -que dejó sin efecto los actos administrativos de la Dirección de Tierras de la Provincia 176/1997, 109/2006 y 532/2006 y todos los actos dictados en consecuencia- que ordenaba la toma de posesión de esas tierras por parte del Estado Provincial.

Esa norma establece la restitución al Estado provincial de 32 hectáreas ubicadas en El Bolsón, que deben transferirse luego a la municipalidad, con destino a lotes sociales. Del mismo modo la Ley 4874 de 2013 restituye 24.638 hectáreas al Estado provincial. “Algo con lo que no avanzó el gobierno de Alberto Weretilneck y tampoco lo hizo hasta el momento el de Arabela Carreras”, manifestó el legislador Alejandro Marinao.

“Detrás de los sucesos de El Bolsón, que deberá definir la Justicia, se incumplen las leyes que promueven la recuperación de tierras fiscales cedidas a precio vil, se incumple el mandato judicial que ordenó la apertura del camino de Tacuifí a Lago Escondido, entre otras irregularidades”, señaló la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini. 

“Vemos que hay un desinterés, o un interés desconocido en no avanzar con políticas públicas que resuelvan el problema de fondo que es el del acceso ordenado y racional a la tierra”, indicó. “Nos preguntamos por qué el Estado provincial invirtió incontables horas de análisis, esfuerzo y dinero en encontrar una solución a la problemática de la tierra, y por qué, teniendo desde hace años esas herramientas en sus manos, no las aplica”, concluyó Martini.

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