La Senadora Nacional Magdalena Odarda advierte con preocupación, frente a trascendidos periodísticos, que “el gobierno nacional intentará modificar la Ley de Glaciares para adecuarla a las condiciones que exigen las corporaciones megamineras, esencialmente la Barrick Gold”; aseveró e insiste en el mismo sentido, en “la restitución de la ley anticianuro en Río Negro”.
Asimismo, la parlamentaria rionegrina explicó que “La Ley 26.639 de la Nación Argentina, más conocida como Ley de Protección de Glaciares, establece los presupuestos mínimos para la protección de los mismos y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico constituyendo a los glaciares como bienes de carácter público”.
Cabe destacar que la minera Barrick Gold lleva ya cinco derrames contaminantes confirmados en San Juan, los cuales los intentó ocultar primero y luego minimizar. Las poblaciones de Jáchal y otros pueblos de la provincia de San Juan, tienen contaminada el agua de sus ríos con más de cinco millones de litros de solución cianurada (según información registrada en la presentación judicial), debido al derrame en la mina Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold. Análisis realizados por la Universidad de Cuyo concluyeron que el agua en las localidades de Mogna y Tamberías contiene metales pesados por encima de los límites recomendados.
Por otro lado, a cinco años de la derogación de la ley Anticianuro en la provincia (ley Q 3981), la cual ponía freno el avance de la megaminería a cielo abierto en Río Negro, Odarda reclamó su pronta restitución, en concordancia con miles de rionegrinos que, desde las asambleas socio ambientales y organizaciones de toda índole vienen luchando por la recuperación de esa norma que impedía el uso de cianuro y/o mercurio para la explotación de minerales metalíferos, actividad destructiva del ambiente, la salud y las economías regionales.
“Esta ley de la que estamos hablando”, recuerda Odarda, “fue producto de la movilización social, del reclamo de los pueblos organizados, que pusiera freno al desenfrenado avance de la minería contaminante, la que para la extracción de oro y plata y otros metales, requiere un gran consumo de agua y una solución con cianuro que es la que separa los metales de la roca”.
Esa derogación constituyó un avasallamiento sobre el derecho del pueblo rionegrino, además de un enorme retroceso en materia ambiental, contradiciendo la “progresividad” que debe darse en la legislación toda vez que se deje sin protección el bien tutelado, el ambiente, y lo expuso otra vez a la explotación minera contaminante.
La intensificación del ritmo de la extracción de minerales, a partir del uso de nuevas tecnologías, con un tope del 3% a las regalías que se pueden cobrar, hace de éste un negocio de renta extraordinaria, pero sólo para las corporaciones multinacionales. Para los territorios solo queda devastación, con ríos contaminados y economías regionales destruidas. Es por eso que las movilizaciones populares se viene reproduciendo a lo largo de nuestro país, frente al avasallamiento neoliberal.
Por todo esto, la Senadora Odarda le pide al gobierno nacional que recapacite y no modifique la ley de protección de glaciares, lograda a través de un fuerte consenso de diputados de diferentes partidos políticos; y, solicita a los legisladores rionegrinos que se propongan el restablecimiento de la ley anticianuro, a cinco años de su derogación. Estoy convencida, manifestó Odarda, que es un derecho de todos los rionegrinos que el gobierno provincial avance en la protección de su ambiente y la salud de su población, desterrando aquellas prácticas que probadamente afectan la calidad de vida y constituyen un saqueo de nuestros bienes comunes.