Para la oposición, Juntos Somos Río Negro legitima la flexibilización laboral

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Se trata de un proyecto de Ley que será tratado este viernes en la Legislatura y que abarca a las empresas de delivery en Río Negro, uno de los sectores de empleo más precarizados en la actualidad. Para el Frente de Todos la iniciativa del oficialismo es “parcial” y “se desentiende de los derechos de los trabajadores”, señalaron, y adelantaron que rechazarán la iniciativa.

El proyecto 286/20 que se tratará este viernes en la Legislatura provincial, crea un Registro Provincial de Aplicaciones Móviles “el cual funcionara”, dice el texto, “en el ámbito de la Agencia de Recaudación Tributaria y en el que deben inscribirse las aplicaciones móviles (APP) que presten servicios en el ámbito provincial”.

La norma, con las firmas del ex secretario de trabajo y actual legislador Lucas Pica y de la legisladora Marcela Avila, (ambos por el oficialismo) apunta a las empresas de comercio electrónico como Glovo, Rappi o Pedidos Ya, entre las más conocidas, imponiéndoles una serie de requisitos (constancia de inscripción en AFIP y domicilio constituido en la provincia, entre otros) “tendientes a lograr una mejor implementación y una mayor efectividad en el territorio de la Provincia de Río Negro de los derechos de los consumidores y usuarios”, señalan sus autores.

Desde el Frente de Todos señalan. "Uno de los artículos del proyecto alude incluso a la Ley de Tránsito, pero en ningún momento se ocupa de los derechos de los trabajadores, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años que cumplen tareas de reparto de todo tipo de mercaderías en la mayor informalidad.

Desposeídos de las garantías mínimas que asegura la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, estas personas son víctimas de una nueva forma de explotación laboral, que ha crecido exponencialmente – la facturación de estas empresas aumentó más del 70%, según datos del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires– durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, producto de la pandemia de Covid-19.

Son monotribustistas con jornadas laborales imprecisas que pueden alcanzar las 16 horas diarias. Los gastos de movilidad en bicicleta o moto, corren por cuenta del trabajador. Los salarios rondan los 30 mil pesos, y se estiman a partir de un sistema de puntos por repartos efectuados; en otras palabras, para alcanzar esa suma mensual el trabajador debe resignar feriados, fines de semana, licencias por enfermedad y vacaciones. No disponen siquiera de un seguro por riesgos de trabajo (ART).

Este tipo de servicios, denominados comúnmente como ´deliberys´ (sic), menciona el proyecto, ha cobrado notoria relevancia a partir de la emergencia sanitaria (…) al encontrarse dentro de las actividades excluidas del aislamiento social obligatorio”.

Lo cierto es que al admitir estas formas de comercio digital el proyecto de Ley que impulsa Juntos Somos Río Negro tiene el efecto de legitimar la explotación que estas empresas aplican a sus trabajadores, constituyéndose de hecho en una suerte de reforma laboral, hacia una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo.

Es que las empresas se presentan como meras "intermediarias" que ofrecen su plataforma digital (aplicaciones) para que los repartidores oferten a través de ellas su servicio, sin relación laboral entre las partes, lo que en efecto ocurre y es lo que ocasiona la falta total de reconocimiento de derechos del trabajador.

El proyecto que Juntos Somos Río Negro buscará convertir en Ley este viernes, replica en buena medida una norma impulsada por Mauricio Macri durante su gestión.

Se trata de un proyecto que pretende naturalizar un servicio largamente conocido como lo es el servicio de cadetería”, explicaron desde el bloque del Frente de Todos. “Lo único que se ha modificado ahora es que el empleador no da las órdenes de manera verbal ni se le conoce la cara, lo hace a través de una aplicación para teléfonos celulares”.

Agregan que es “algo que viene envuelto con el cuento del emprendedurismo  y los micro empresarios. Una ficción que le sirve a las empresas para no pagarle a los trabajadores los aportes patronales ni las cargas sociales. Es un proyecto desatinado desde lo jurídico por una ubicación normativa errónea, y peligroso desde lo político porque naturaliza una relación laboral que hoy es el ícono de la precarización.

El proyecto solapa “la intención clara del gobierno de salir a recaudar más, con cualquier argumento, en medio de la pandemia”, advirtieron, a la vez que se lleva puestos los derechos laborales".

Para el legislador y sindicalista Pablo Barreno, “el gobierno avasalla derechos laborales, se lleva puestas luchas históricas, colabora con la precarización, deja en la indefensión a miles de trabajadores y ratifica sus ideales neoliberales (de JSRN), como lo vino haciendo en los últimos cuatro años”, manifestó, y adelantó su rechazo al proyecto.

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