Aguiar: "El teletrabajo no puede quedarse en el Estado luego de la pandemia"

rodolfo aguiar

El secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, manifestó su preocupación ante los proyectos de ley analizados en el Congreso que buscan regular el teletrabajo, considerando que “sería muy peligroso que algunos piensen darle continuidad a esta actividad más allá de la cuarentena" porque “profundiza los problemas del mundo laboral”.

“Preocupa y sorprende que algunos se entusiasmen con esta idea porque forma parte del plan de modernización que tenía el macrismo, al cual creíamos ya archivado luego del resultado de las últimas elecciones. No compremos el discurso que nos quieren vender de que el teletrabajo viene a solucionar todos los problemas del mundo laboral, porque en realidad viene a profundizarlos", manifestó el adjunto de ATE mientras en el Congreso se debaten seis proyectos para regular esta modalidad. 

Si bien el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno conlleva una reforma de los modos de trabajo durante la cuarentena, el dirigente expresó que el teletrabajo “puede admitirse para que parte del recurso humano la utilice en medio de la emergencia sanitaria y social, pero no puede quedarse en el Estado una vez superada la pandemia”.

Aguiar reconoció que esta discusión “forma parte del debate de los nuevos tiempos”, pero recalca la importancia de considerar “que la administración pública no puede ser equiparada a ninguna actividad privada”. "Si se decide avanzar en una legislación, ésta debe propiciar un Estado que intervenga en la protección de todos los derechos colectivos, los cuales no sólo se ven amenazados, sino que están en riesgo de ser arrasados por esta modalidad", sentenció. 

"El teletrabajo no es nuevo en el mundo ni en el país. Existe desde hace más de 100 años y siempre sirvió para explotar a los trabajadores y fundamentalmente a las mujeres, a quienes siempre les delegaron las tareas de cuidado, cumpliendo una doble y hasta triple jornada laboral. En 1918 se votó la ley 10.505 que tenía vigencia sólo en la Capital Federal, y perseguía el objetivo de impedir la esclavización en tareas como las textiles y de calzado, pero resulta que ninguna de las grandes patronales la cumplieron", explicó Aguiar. 

Son 6 los proyectos presentados en el Congreso para ampliar la reglamentación de esta actividad: En el Senado están los de Silvina García Larraburu (Río Negro - Frente de Todos), Gladys González (Buenos Aires - PRO) y Daniel Lovera (La Pampa - Frente de Todos). En tanto, en la Cámara Baja fueron circulan los de María Carla Piccolomini (Buenos Aires - PRO), Darío Martínez (Neuquén - Frente de Todos) y Álvaro de Lamadrid (CABA - UCR).

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