Ayer, en el marco del Paro Nacional Docente y las acciones por la No implementación de la escuela secundaria en el 2017, la UnTER realizó en Viedma dos presentaciones ante el Consejo Provincial de Educación.
Exige que se informe sobre los listados por los cuales el ministerio argumenta su pretensión de imponer la transformación educativa, considerando que la metodología empleada "es un derecho del conjunto de docentes y que su ocultamiento viola los principios constitucionales y por consiguiente requirió la derogación de las resoluciones que habilitaron la inscripción virtual a la ESRN".
Ambas presentaciones "demuestran que no existe ninguna garantía de transparencia en las actuaciones realizadas por el Ministerio, obsesionado en imponer una transformación educativa resistida por la mayoría de las comunidades".
Es importante recordar el acta paritaria de fecha 23 de febrero, en el que el Ministerio firmó que : “la ESRN se implementará en aquellos Consejos Escolares/ asambleas impedidas donde la mitad más uno del universo de docentes titulares e interinos soliciten la designación completando el formulario”. Por lo tanto y de acuerdo a las declaraciones de la ministra y sus funcionarios que informan sobre la existencia de 4000 docentes en condiciones de elegir y que se avanzará igual aun cuando el número final anunciado por la patronal sea de 1784, es decir "o los funcionarios tiene problemas con las matemáticas o todo lo actuado está viciado de ilegalidad".
En los escritos se advierte sobre las "numerosas irregularidades que se sucedieron desde la puesta en marcha de la inscripción que en sí misma es violatoria del Estatuto docente, porque permite la designación, reubicación y concentración de horas, desconociendo toda la normativa vigente al respecto. Por lo tanto, es una ilegalidad del CPE que no solo elude el acto público de la asamblea presencial, sino que además coacciona a docentes para que realicen su inscripción sin información y desconociendo los mecanismos de control que protegen sus derechos laborales".
Vale recordar que las asambleas presenciales "son producto de una conquista de derechos del sindicato, que hizo frente e impugnó un sistema de designación discrecional en el cual las designaciones – asignación de puestos de trabajo- se realizaban directamente a “dedo” por el empleador. Es decir hoy representan un sistema transparente, neutral y justo, reconocido y normado la Ley Orgánica de Educación, el Estatuto Docente y demás normativa del sector".
Además "no existe la publicación de los listados de docentes habilitados para la inscripción, datos de quienes se inscribieron, de designaciones realizadas, mucho menos de los criterios utilizados para decidir el ingreso de determinados colegios a la ESRN, en función de qué número de inscripciones, sus fechas, si se contabilizaron las inscripciones online o las recibidas en soporte papel, sobre qué situación de revista, etc.; en resumidas cuentas, no existe información fehaciente que permita al universo docente considerar que la inscripción en línea respeta ninguno de los principios constitucionales que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos debería respetar a rajatabla, pero si pone en evidencia que el destino educativo de 70000 estudiantes y el futuro laboral de 4000 docentes y sus familias se encuentran en riesgo, por la necesidad de un gobierno más preocupado en cumplir con el gobierno nacional, los organismos internacionales de crédito y los deseos personales de trascendencia de funcionarias de tercera, todo esto demasiado lejos del derechos social a la educación que el estado rionegrino está obligado a garantizar".