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# Certificados médicos presuntamente falsos: la causa continuará en Roca y Cipolletti

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***IMAGEN REFERENCIAL GENERADA POR IA***

La investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales de agentes públicos continuará en las circunscripciones judiciales de General Roca y Cipolletti. Un juez de Garantías de Viedma dispuso que las actuaciones sean remitidas a los foros de jueces de las localidades donde se presentaron los documentos. La decisión se fundamentó en la necesidad de garantizar el derecho de defensa de las personas investigadas y facilitar la producción de pruebas.

Imputaron a un empleado de Aguas Rionegrinas por usar certificados médicos falsos

La causa investiga una presunta maniobra mediante la cual agentes policiales, penitenciarios y docentes habrían presentado certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales y percibir sus salarios sin los descuentos correspondientes. La acusación considera que esas conductas podrían constituir los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.

La investigación incluyó allanamientos en General Roca, secuestro de teléfonos y computadoras, análisis de conversaciones y peritajes sobre documentación vinculada con licencias médicas. También se incorporaron informes de organismos públicos y estudios realizados por áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.

Durante las audiencias, las defensas solicitaron que el expediente dejara de tramitar en Viedma. Argumentaron que los hechos investigados ocurrieron principalmente en General Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde residen gran parte de las personas investigadas.

También señalaron que la distancia con Viedma dificultaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias de defensa y la producción de pruebas. Sostuvieron que mantener el expediente en la capital provincial podía afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

El Ministerio Público Fiscal y la querella, ejercida por la Fiscalía de Estado, se opusieron al planteo. Explicaron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, cuya sede se encuentra en Viedma. Además, señalaron que gran parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad y que trasladar las actuaciones podía generar demoras y dificultades organizativas.

El juez de Garantías Adrián Dvorzak analizó las posiciones y distinguió entre la competencia territorial de los magistrados y la organización del trabajo judicial dentro de la provincia.

En ese sentido, explicó que los jueces penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial. Por esa razón, rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial presentado por las defensas.

Sin embargo, consideró que existían razones suficientes para que la investigación continuara en las circunscripciones donde se habrían desarrollado los hechos. Señaló que allí se presentaron los certificados médicos, se realizaron medidas de investigación y se encuentran gran parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.

El magistrado puso especial atención en las dificultades que podría generar la distancia para el ejercicio del derecho de defensa. Indicó que la comunicación virtual no siempre resulta suficiente para preparar una estrategia defensiva, mantener entrevistas personales y desarrollar las medidas probatorias necesarias.

También sostuvo que el traslado del expediente no implica comenzar nuevamente la investigación. Las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas conservan su validez, por lo que podrán ser utilizadas en las circunscripciones que continúen con el trámite.

La resolución ordenó remitir las actuaciones a los foros de jueces correspondientes a los lugares donde fueron presentados los certificados médicos. La medida se hará efectiva una vez que la decisión quede firme.

Asimismo, dispuso que los elementos secuestrados durante los allanamientos queden a disposición de las autoridades judiciales que intervengan en adelante, con cumplimiento de las reglas de preservación y cadena de custodia.

La decisión no resuelve la responsabilidad penal de las personas investigadas ni modifica los hechos atribuidos por la acusación. Define dónde deberá continuar el proceso y qué autoridades judiciales intervendrán en las próximas etapas.

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