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# Causa de los certificados truchos: un defensor se niega a representar a 14 imputados y alerta sobre posibles nulidades

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En la décima audiencia realizada en el marco de la investigación por la presunta utilización de certificados médicos falsos para justificar inasistencias laborales, la Defensa Pública planteó que un único defensor no puede garantizar una representación técnica efectiva de 14 personas imputadas. Advirtió que la multiplicidad de intereses y las diferentes responsabilidades atribuidas a cada una podrían generar conflictos que afecten el derecho de defensa y comprometan la validez del proceso.

El planteo de excusación fue realizado por el defensor penal Camilo Curi, quien explicó que, si bien no existe una prohibición expresa para ejercer la defensa de varias personas en una misma causa, las particularidades de esta investigación hacen prácticamente imposible garantizar una asistencia individualizada y eficiente.

Sostuvo que se trata de 14 teorías del caso diferentes, con intereses y eventuales responsabilidades que no necesariamente coinciden. Advirtió que las decisiones que adopte cada imputado podrían modificar la situación procesal de los demás y colocar al defensor ante conflictos éticos.

"La intervención de la Defensa Pública no puede limitarse a una representación formal, sino que debe garantizar una defensa técnica activa, efectiva e individualizada", enfatizó. Agregó que, de no subsanarse esta situación, podrían producirse nulidades que afecten la continuidad del proceso.

El defensor se refirió además a la posibilidad de abordar el conflicto mediante mecanismos de composición pacífica que promuevan el diálogo. En ese marco, consideró importante evaluar alternativas que no se limiten exclusivamente a una respuesta sancionatoria, teniendo en cuenta la magnitud de una investigación que involucra a alrededor de 200 empleados policiales.

Finalmente Curi reiteró el planteo de incompetencia territorial que la Defensa Pública y los abogados particulares vienen sosteniendo desde el inicio de este ciclo de audiencias. Sostuvo que ninguno de los delitos investigados se habría cometido en Viedma ya que "los certificados se retiraban de una vivienda de General Roca y su utilización se habría producido en las dependencias donde los imputados prestaban servicios, ubicadas en el Alto Valle".

En relación a la presunta defraudación al Estado, argumentó que también deben considerarse los lugares donde se habrían concretado las conductas investigadas en los que se desarrollaron las principales medidas de investigación y se reunió la evidencia.

Este último planteo coincide con los argumentos desarrollados por sus colegas Pedro Vega, Graciela Carriqueo y María Paz Alvarez quienes ya intervinieron en las audiencias anteriores, así como por los efectuados por más un 8 abogados particulares todos residentes del alto valle, como sus defensidos. A su turno, la defensa particular acompañó el cuestionamiento sobre la competencia territorial.

La Fiscalía volvió a oponerse al pedido y reiteró que la investigación debe continuar en Viedma, donde se encuentra la sede administrativa del Estado provincial, cuyas arcas habrían resultado perjudicadas por las maniobras investigadas. Especialmente en cuanto al pedido de excusación, sostuvo que corresponde al defensor general resolver esa cuestión y no al juez de garantías que interviene en las audiencias. La Fiscalía de Estado, constituida como querellante, acompañó la postura de la acusación.

La última audiencia de este ciclo de excepciones procesales está prevista para el 10 de noviembre con la presencia de los últimos siete imputados.

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