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# Avanza en comisiones el traspaso a Río Negro de las rutas 22 y 151

![55501974666_feabd52dc0_c](https://quorum.legisrn.gov.ar/wp-content/uploads/2026/09/55501974666_feabd52dc0_c.jpg)

En el plenario de comisiones de la Legislatura se respaldó por mayoría la propuesta del Ejecutivo para asumir la gestión y rehabilitación de ambas trazas por 20 años. La medida busca frenar el deterioro vial mediante un financiamiento internacional de 60 millones de dólares.

Las comisiones de Planificación, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda aprobaron el dictamen de la propuesta que ratifica el convenio suscrito entre la provincia y la Dirección Nacional de Vialidad. El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, junto al de Hacienda, Gabriel Sánchez, al titular de Vialidad provincial, Raúl Grün, y al Fiscal de Estado Adjunto, Luciano Minetti, explicaron los alcances del traslado y respondieron consultas de los legisladores.

La iniciativa establece la transferencia a la órbita provincial de la gestión integral, ejecución de obras, mantenimiento y control de cargas sobre 518 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. Para financiar los trabajos prioritarios de rehabilitación y seguridad vial en el Alto Valle y Valle Medio, la administración rionegrina prevé utilizar una operación de crédito por 60 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Durante la presentación, Echarren fundamentó la urgencia de ratificar el convenio por 20 años para asumir la gestión integral de 518 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151 ante la inacción del Estado nacional.

Precisó que el trágico saldo de 212 fallecidos registrados desde 2018 obedece al abandono de la infraestructura, un volumen de tránsito de 21.000 vehículos diarios (26% pesado) y la parálisis de seis contratos nacionales en la traza.

Aclaró que la provincia solo prevé hacerse cargo de dos contratos vigentes —la rotonda de Choele Choel (con 60% de avance) y la repavimentación de la Ruta 151 entre los kilómetros 3 y 109—, exigiendo que la Nación sanee o rescinda los cuatro contratos restantes cuyos proyectos datan de más de dos décadas y no responden a la realidad socioeconómica actual.

Detalló la estrategia operativa dividida entre “trazas liberadas” (305 kilómetros sin contratos vigentes donde la provincia tomará posesión a los 60 días hábiles de aprobada la ley) y tramos condicionados por litigios o neutralizaciones. Entre las obras prioritarias destacó la construcción de un nuevo puente ferroviario elevado y ensanchado para el Tren del Valle sobre la ruta 151 —descartando la alternativa nacional de bajar la calzada—, repavimentaciones en hormigón en zonas de frenado pesado, bacheo, nivelación de banquinas e iluminación en cruces críticos.

Sostuvo además que la declaración de emergencia vial otorgará agilidad administrativa para contrataciones directas en puntos de alta peligrosidad y permitirá encuadrar las obras bajo la ley provincial 286.

Explicó que el desarrollo vial no puede abordarse de manera aislada sobre las rutas nacionales, por lo que se contratará una consultoría técnica integral a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en coordinación con la provincia de Neuquén. Este estudio evaluará la red completa del Alto Valle, incluyendo las rutas provinciales 65 y 69, accesos locales y variaciones del tránsito derivado de Vaca Muerta.

Finalmente, remarcó que se implementará un control de cargas permanente para proteger la inversión de 60 millones de dólares gestionada ante Fonplata, afirmando que Río Negro no renunciará a exigir el vuelco de los fondos del impuesto nacional a los combustibles sobre la red federal.

Por su parte, el titular de Hacienda, Gabriel Sánchez, detalló los términos financieros de la operación de crédito por 60 millones de dólares gestionada con el Banco de Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), estimando su aprobación por el directorio del organismo para el mes de octubre. Explicó que el préstamo contempla un plazo de ejecución de 4 años, beneficiando directamente a 438.000 habitantes e indirectamente a otros 300.000. Precisó que la operación cuenta con una tasa de interés preferencial basada en la tasa SOFR (3,65%) más un margen del 2,10% (alcanzando un 5,75% anual), con un plazo total de amortización de 15 años y 5 años de gracia, por lo que el pago del capital comenzará en el año 2032.

Resaltó la sostenibilidad fiscal de la provincia para asumir el endeudamiento, indicando que el stock de deuda en dólares disminuyó sustancialmente desde el inicio de la gestión tras afrontar los vencimientos del Plan Castello. Destacó que el indicador de servicios de deuda respecto a los ingresos corrientes caerá del 71% al 14%, ubicándose holgadamente por debajo del techo del 15% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Añadió que la cancelación definitiva del Plan Castello en 2027 abrirá una ventana de dos años sin amortizaciones de capital, garantizando la previsibilidad económica para afrontar los compromisos futuros.

Durante el debate, Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) cuestionó la falta de funcionamiento continuo de las balanzas en las Rutas 2 y 65, alertando sobre el grave daño que causan los camiones con áridos y fruta sobrecargados. Exigió conocer el desglose de las obras de los 60 millones de dólares e indagó sobre la posibilidad de consolidar la ruta provincial 7 (desde Luis Beltrán hasta Paso Córdoba) como un corredor propio para el transporte productivo hacia el puerto.

Lorena Matzen (UCR) valoró la determinación política del Ejecutivo provincial de asumir la problemática de las rutas nacionales ante el abandono del Gobierno federal en un momento de crecimiento regional. Manifestó preocupación por la posible doble o triple imposición tributaria al sumar impuesto a los combustibles, crédito y futuros peajes, proponiendo emitir una comunicación legislativa conjunta para exigir que la Nación restituya los fondos viales a la provincia.

Fernando Frugoni (CC ARI) reclamó la finalización del pavimento en la ruta nacional 23 por su valor estratégico para el corredor bioceánico e indagó sobre la operatividad del sistema de control de pesaje dinámico en la ruta provincial 2, cuestionando si se obliga a la descarga del sobrepeso o si las empresas prefieren abonar la multa y continuar circulando en infracción.

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) remarcó la necesidad de resguardar el patrimonio provincial y propuso incluir de forma explícita en el proyecto de ley una cláusula que reserve el derecho inalienable de Río Negro a demandar judicial y formalmente a la Nación la transferencia de los recursos viales retenidos de la coparticipación de combustibles.

Daniel Sanguinetti manifestó preocupación por una supuesta falta de equidad territorial en la asignación de recursos, señalando que mientras el endeudamiento lo pagarán todos los rionegrinos, las inversiones se concentran en el Alto Valle omitiendo obras urgentes para la Zona Cordillerana (Bariloche y El Bolsón) y el deterioro severo de las rutas 23 y 40.

Martina Lacour enfatizó el valor logístico de la ruta 23 para la región y planteó observaciones técnicas al financiamiento con Fonplata, señalando que la propuesta no precisa el plazo mínimo de amortización ni cuenta aún con la aprobación del directorio del banco, además de indicar inconsistencias en las citas legales de los fundamentos.

Ayelén Spósito (Vamos con Todos) criticó la falta de una mirada federal del Gobierno nacional que fuerza a las provincias a asumir competencias sin traspaso de recursos, solicitó precisiones sobre los costos de la consultoría vial del Alto Valle e indagó sobre la situación dominial de la Ruta Provincial 5 hacia Playas Doradas.

Leandro García (PJ-NE) denunció que el traspaso de competencias sin fondos es consecuencia del ajuste fiscal nacional que retiene el impuesto a los combustibles. Advirtió sobre el riesgo de generar una triple imposición a los contribuyentes, cuestionó la falta de límites presupuestarios en las contrataciones directas por emergencia y solicitó que la provincia de Neuquén aporte económicamente por el impacto del tránsito pesado de Vaca Muerta.

Javier Acevedo (CC ARI) reclamó endurecer los controles y aplicar sanciones severas a los camiones que se desvían por caminos rurales o rutas provinciales para eludir los puestos de pesaje, instando a implementar la obligatoriedad de paso por balanzas para resguardar las calzadas rionegrinas.

Ariel Bernatene (UCR) respaldó la decisión del Gobierno provincial de dar respuestas operativas inmediatas para resguardar la vida de los automovilistas. Consultó sobre las obras específicas contempladas para la rotonda e ingresos a General Roca y el estado de las causas judiciales iniciadas por municipios de la zona sobre la traza de la Ruta 22.

José Luis Berros (Vamos con Todos) denunció que la Nación mantiene inmovilizados más de 1,5 billones de pesos de la recaudación vial y criticó que los vecinos deban saldar tres veces una misma obra mediante impuestos, endeudamiento y peajes, solicitando que la Cámara respalde las iniciativas parlamentarias nacionales para recuperar los fondos viales.

Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) exigió que se evalúe la inclusión de las rutas nacionales 23, 40 y 3 en la estrategia provincial para no relegar a los pobladores de la Línea Sur, recordando las pérdidas humanas en el inconcluso puente de Nahuel Niyeu y solicitando respuestas sobre los plazos para finalizar el asfalto restante.

Luis Ivancich (PJ-NE) advirtió sobre el daño estructural que causarían los camiones tipo “bitrenes” de 80 toneladas sobre el asfalto provincial, reclamó la colocación urgente de cartelería de señalización en las colectoras del tramo Godoy-Cervantes y sugirió revisar los antecedentes técnicos del puente de Cervantes.

Juan Martín (PRO) indagó sobre la proyección financiera para afrontar el endeudamiento acumulado y solicitó garantías sobre el cumplimiento de los límites fijados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, pidiendo precisiones respecto a la evolución del stock de deuda en moneda extranjera.

Facundo López (JSRN) ponderó la apertura institucional del Ejecutivo al presentar el proyecto en comisión y confirmó el apoyo del bloque oficialista para ratificar el acuerdo por las rutas del Alto Valle, ratificando el compromiso de acompañar cualquier reclamo parlamentario que busque restituir a Río Negro los fondos que le corresponden.

También intervino en el debate el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, quien respondió interrogantes de los legisladores. Explicó la inviabilidad técnica de obligar a los camiones a descargar el exceso de peso en el lugar de control, remarcando que el deterioro del pavimento no se produce por unidades aisladas sino por la repetición sistemática del sobrepeso por eje. Detalló que la estrategia provincial combina balanzas móviles autorizadas para labrar actas con puestos de pesaje dinámico con sensores y cámaras (como el implementado en la ruta provincial 2 y los proyectados para la ruta 69 y Paso Córdova), logrando un efecto disuasivo mediante multas polinómicas que varían entre los 3 y 5 millones de pesos o más.

Ofreció un balance de la infraestructura bajo la órbita de Vialidad Rionegrina, señalando que la red provincial abarca aproximadamente 800 kilómetros de rutas pavimentadas y 5.500 kilómetros no pavimentados, sumado al repaso anual de unos 2.000 kilómetros de caminos vecinales articulados con comisiones de fomento y el Ente de la Región Sur.

Asimismo, ponderó las obras de gran envergadura ejecutadas con fondos provinciales e internacionales, como la repavimentación de 180 kilómetros de las rutas provinciales 6 y 8 con alambrados perimetrales, orientadas a garantizar la conectividad y la seguridad en todo el territorio.

El dictamen del proyecto se resolvió con la aprobación por mayoría, mientras que las bancadas de PJ-Nuevo Encuentro y el PRO se reservaron las 48 horas para expedir su posición.

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