--- canonical_url: "https://noticiasrionegro.com.ar/contenido/92727/audio-una-vocal-del-tribunal-de-cuentas-confirmo-que-la-empresa-del-cunado-del-i" title: "(AUDIO) Una vocal del Tribunal de Cuentas confirmó que la empresa del cuñado del intendente tiene domicilio fiscal en la casa del jefe comunal" article_type: "Article" description: "Giselle Rosas aseguró en FM DE LA COSTA que la firma contratada por la Municipalidad de Viedma pertenece al hermano de la esposa de Marcos Castro y que, según los registros consultados, comparte domicilio con el mandatario" main_image: "https://noticiasrionegro.com.ar/download/multimedia.grande.a1a3cc64e9672e9b.Z3JhbmRlLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-07-25T11:49:00-03:00" date_modified: "2026-07-25T12:39:41-03:00" category_name: "Viedma" category_url: "https://noticiasrionegro.com.ar/categoria/8/viedma" --- # (AUDIO) Una vocal del Tribunal de Cuentas confirmó que la empresa del cuñado del intendente tiene domicilio fiscal en la casa del jefe comunal ![2b1e915b-8902-4b18-a627-5c35733ca389](/download/multimedia.normal.bcd131c017ac3bb5.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La polémica por la contratación de la empresa que construyó los baños instalados en la Feria Municipal de Viedma sumó una revelación que profundiza los interrogantes sobre el procedimiento: una integrante del Tribunal de Cuentas confirmó que la firma pertenece al cuñado del intendente Marcos Castro y que su domicilio fiscal coincide con la vivienda particular del jefe comunal. La información fue brindada por **Giselle Rosas**, vocal primera del organismo de control, durante una entrevista con **FM DE LA COSTA ([www.fmdelacosta999.com.ar](https://www.fmdelacosta999.com.ar))**. La funcionaria sostuvo que los datos fueron constatados mediante registros oficiales y advirtió que la situación podría encontrarse alcanzada por las incompatibilidades contempladas en las normas de Ética Pública. “Nosotros ya sabíamos que la empresa pertenecía al cuñado del intendente”, afirmó Rosas al explicar cómo comenzó la investigación. Posteriormente, ante una consulta directa, identificó al titular de la firma con el apellido Bambasi y ratificó el vínculo familiar. —¿Ustedes tienen comprobado que la empresa es del cuñado del intendente, es decir, del hermano de su esposa? —le preguntó FM DE LA COSTA. —Sí, Bambaci —respondió la vocal. La contratación en cuestión ya había tomado estado público. Sin embargo, las declaraciones de Rosas incorporaron información relevante sobre el parentesco y, especialmente, sobre el domicilio declarado por la empresa adjudicataria. ## El domicilio fiscal coincide con el del intendente Durante la entrevista, Rosas confirmó que la dirección registrada por la empresa ante la entonces AFIP —actual ARCA— coincide con la que figura para el intendente Marcos Castro en el padrón electoral. “Sí, es el mismo. Según el padrón electoral figura la misma dirección del intendente”, aseguró. Más adelante profundizó: “Vos entrás a la AFIP y tiene el domicilio que está registrado. Es el mismo domicilio que tiene el intendente y nosotros lo comprobamos a través del padrón electoral”. La vocal aclaró que esa coincidencia registral no permite determinar por sí sola si la empresa desarrolla efectivamente allí sus actividades. No obstante, ratificó que los registros consultados exhiben la misma dirección. “Después, si está o no está, no sé. Nosotros tenemos que la dirección de la empresa coincide. Acá comparten el mismo domicilio”, manifestó. El dato abre un interrogante que excede el vínculo familiar: una compañía perteneciente al cuñado del intendente, con domicilio fiscal coincidente con la residencia del propio jefe comunal, resultó contratada para ejecutar una obra municipal. ## “Nos regimos por la Ley de Ética Pública y hay incompatibilidades” Consultada acerca de las posibles consecuencias administrativas de lo constatado, Rosas evitó anticipar una sanción concreta y señaló que será necesario analizar detalladamente el expediente. Sin embargo, confirmó que el caso podría encuadrarse dentro del régimen de incompatibilidades. “Nosotros, cuando asumimos nuestras funciones, firmamos una declaración jurada. Nos regimos por la Ley de Ética Pública Municipal y hay incompatibilidades”, explicó. La integrante del Tribunal de Cuentas consideró que la posible vinculación debía haber sido advertida desde el comienzo del procedimiento administrativo, antes de que la empresa resultara seleccionada. “Todas estas cuestiones tendrían que haberse analizado dentro del municipio cuando se lleva adelante el primer acto administrativo, cuando participan las empresas”, sostuvo. Según Rosas, la comisión interviniente debía evaluar el parentesco y determinar si correspondía apartar a la firma del proceso. “Tendrían que haber cuestionado: ‘Che, aparten a esta empresa’, porque hay una cuestión de ética pública y está relacionada con el intendente”, expresó. La vocal también formuló una consideración sobre el comportamiento que, a su entender, deberían adoptar los funcionarios y sus familiares frente a las contrataciones estatales. “Creo que, cuando uno asume un lugar de funcionario, aparta a sus familiares y dice: ‘Bueno, soy intendente y aquellos que tienen empresa no vengan a hacer, entre comillas, negocios con el municipio’, por una cuestión de ética”, remarcó. La defensa de la contratación estaría sustentada, entre otros argumentos, en que la oferta seleccionada habría sido aproximadamente 31.000 pesos inferior a la de la otra empresa participante. Para Rosas, esa diferencia no eliminaba la necesidad de analizar previamente el conflicto ético. “Se excusan en que ganaron por 31.000 pesos, en una obra que en total era de varios millones. Ahí la comisión tendría que haberse excusado y decir: ‘Bueno, apartemos’”, indicó. ## La investigación comenzó por la advertencia de un vecino Rosas contó que las actuaciones impulsadas desde su vocalía comenzaron el 11 de junio, cuando un vecino se presentó para advertir sobre la contratación. “Un vecino se acerca, nos cuenta la situación y empezamos a investigar”, relató. La información inicial estaba acompañada por una publicación de la propia empresa [Kubik](https://www.instagram.com/kubikmodulos/)en las redes sociales, mediante la cual anunciaba la finalización del trabajo. Esa imagen fue incorporada como elemento respaldatorio al pedido de informes. “A mí me llega a través de una foto que publica la empresa Kubik. Dice ‘obra finalizada’. Tenemos la captura de pantalla, todo impreso, y se lo adjuntamos al pedido de informe”, detalló. A partir de esos datos, la vocalía solicitó al Ejecutivo municipal que informara si la compañía había obtenido anteriormente otras adjudicaciones o contrataciones dentro de la comuna. También requirió conocer su conformación societaria y determinar si entre sus socios, fundadores o accionistas existían relaciones de parentesco con funcionarios municipales. “Pedimos si esta empresa realizó otras contrataciones y adjudicaciones en el municipio, si ganó alguna otra obra. Asimismo, solicitamos los datos societarios y si había una relación de parentesco con algún socio, fundador o accionista”, explicó. Más de un mes después de la presentación, según Rosas, esa información todavía no había sido remitida. ## La obra era para El Cóndor, pero terminó en la Feria Municipal La posible incompatibilidad por los vínculos familiares y el domicilio compartido no es el único aspecto bajo análisis. Rosas señaló otra presunta irregularidad relacionada con el destino de la obra. De acuerdo con su explicación, el procedimiento original, formalizado mediante la Resolución 213, contemplaba la construcción de los sanitarios para el balneario El Cóndor. Sin embargo, finalmente fueron instalados en la Feria Municipal de Viedma. “La obra iba a ser para el balneario El Cóndor y terminaron instalando el baño en la Feria Municipal”, aseguró. Para la vocal, el cambio de ubicación no podía resolverse con un simple traslado, sino que requería anular el trámite anterior y abrir un nuevo expediente, con su correspondiente procedimiento de contratación. “Tendrían que haber iniciado un nuevo expediente, anulado eso y comenzado un nuevo expediente”, afirmó. Luego precisó: “Se hizo mediante la Resolución 213 y tendrían que haber iniciado un nuevo trámite, una nueva licitación y demás, porque se cambió el destino”. Rosas añadió que la empresa contaba con un plazo determinado para completar los trabajos, pero la ejecución habría demorado más de 40 días. “Hay varias aristas para analizar. Esto no se puede guardar en un cajón y dejar que pase”, advirtió. ## El expediente todavía no llegó al Tribunal La vocal explicó que el sistema de control presenta una dificultad adicional: en numerosas ocasiones, los expedientes son remitidos al Tribunal de Cuentas mucho tiempo después de que las obras fueron contratadas, ejecutadas y pagadas. “Al Tribunal va a llegar de acá a un año, cuando ya se pagó, cuando ya se hizo todo el trámite administrativo y cuando ya está la obra finalizada”, cuestionó. Esa demora, indicó, impide que el organismo formule observaciones de manera preventiva y lo obliga a intervenir cuando los actos administrativos ya fueron consumados. “Muchas veces ese parámetro que tiene el Tribunal para objetar no lo hace inmediatamente, sino posteriormente”, explicó. El expediente fue solicitado por Rosas el 11 de junio, pero hasta el momento de la entrevista no había sido entregado. Paralelamente, el concejal Julián Algañarás avanzó con una denuncia que será remitida al organismo. “Cuando llegue la denuncia de Julián vamos a tener que analizar todo el expediente. Yo lo pedí, no me llegó, y vamos a analizarlo en su totalidad porque hay varias aristas”, señaló. Aunque desde el Ejecutivo se habría indicado que la información podía buscarse en el Boletín Oficial, Rosas sostuvo que esa herramienta no contiene todos los antecedentes necesarios para reconstruir el procedimiento. ## “Envié cientos de pedidos de informes y me respondieron dos o tres” La integrante del Tribunal de Cuentas también denunció serias dificultades para acceder a la documentación municipal. Según manifestó, desde que asumió presentó cientos de solicitudes, pero recibió respuesta solamente a una mínima parte. “Yo, desde que asumí, envié cientos de pedidos de informes. Me respondieron dos o tres”, reveló. Rosas cuestionó el actual funcionamiento del Boletín Oficial municipal y sostuvo que la información no se publica con la rapidez, integridad y seguridad necesarias. “El Boletín Oficial no tiene toda la información y tienen un año para publicarla. El municipio hoy no es transparente”, expresó. En ese sentido, recordó que trabajó junto con Algañarás en una propuesta para modificar la ordenanza y establecer publicaciones periódicas, un plazo máximo de 30 días y un sistema de datos abiertos que permita a cualquier vecino consultar los actos del gobierno municipal. “Pedimos que el acceso a la información sea abierto, que todos podamos extraer los datos y que exista cierta cautela y seguridad sobre esa información”, señaló. Luego contrastó esa situación con el discurso institucional de la gestión: “Ellos utilizan el eslogan de que es un gobierno transparente, pero si lo analizamos, no es un gobierno transparente porque no está toda la información y no tenemos acceso”. ## Un análisis que puede determinar responsabilidades La coincidencia del domicilio fiscal de Kubik con la vivienda del intendente y la confirmación de que la empresa pertenece al hermano de su esposa colocan el caso en un terreno que ya no se limita a una posible desprolijidad administrativa. El Tribunal de Cuentas deberá determinar, a partir del estudio integral de la documentación, si existió una incompatibilidad, si correspondía excluir a la empresa del procedimiento, qué funcionarios participaron de la adjudicación y si el cambio de destino de los sanitarios respetó las normas municipales. También deberá establecer si la firma recibió otras contrataciones desde el inicio de la actual gestión y si el intendente o algún integrante del Ejecutivo debía excusarse formalmente debido al vínculo familiar. Por el momento, Rosas confirmó los dos datos centrales: el parentesco entre el propietario de la empresa y Marcos Castro y la coincidencia entre el domicilio fiscal de la firma contratada y la residencia registrada del intendente. La vocal no anticipó cuál podría ser la sanción ni afirmó que ya se encuentre demostrada una ilegalidad. Sí dejó en claro que existen elementos suficientes para investigar una eventual incompatibilidad bajo las normas de Ética Pública. “Hay varias irregularidades que nosotros, como Tribunal, vamos a tener que analizar”, concluyó. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.